• México aprueba reformas clave en seguridad e inteligencia.
• Harfuch gana poder con acceso a datos sin orden judicial.
• Crecen preocupaciones por la privacidad y la militarización.

Con el respaldo del Congreso, el gobierno de Claudia Sheinbaum blinda su Estrategia Nacional de Seguridad con acceso a bases de datos sin orden judicial y una nueva arquitectura de inteligencia

Ciudad de México. — El Congreso mexicano cerró este martes una de las jornadas legislativas más intensas de la administración de Claudia Sheinbaum al aprobar una batería de reformas en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, que consolidan el nuevo rumbo de la Estrategia Nacional de Seguridad. El conjunto de leyes otorga amplias facultades al Estado mexicano para acceder a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial y refuerza la figura de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, como eje central del nuevo modelo.

Entre los cambios más significativos se encuentran la aprobación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permiten a las instituciones de seguridad acceder a información bancaria, fiscal, biométrica, telefónica, vehicular, entre otros registros, sin necesidad de autorización judicial previa, bajo el argumento de mejorar la prevención e investigación de delitos.

Además, se consolidó la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual estará encabezado por Harfuch y tendrá capacidad para suspender aportaciones federales a estados y municipios que incumplan lineamientos en materia de seguridad.

Se fortalece la Guardia Nacional con base militar

Las reformas consolidan a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad pública, ahora claramente bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero con un discurso que la mantiene como cuerpo de formación «civil». Esta contradicción ha sido señalada por legisladores de oposición como una forma de institucionalizar la militarización iniciada en el sexenio anterior.

Cambios en telecomunicaciones y lavado de dinero

El Congreso también aprobó la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual ha generado inquietud en sectores empresariales y de derechos digitales.

Aunque se eliminó el polémico artículo que permitiría al Gobierno bloquear plataformas digitales, la Secretaría de Gobernación podrá suspender publicidad extranjera, salvo en temas culturales o turísticos. Las reformas también apuntan a endurecer el combate al lavado de dinero y fortalecer la investigación financiera y fiscal.

Polémica por acceso a datos y derechos civiles

Las leyes han generado críticas por parte de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos. El senador Ricardo Anaya (PAN) aseguró que “es el último clavo en el ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el Gobierno espía”. La Ley del Sistema de Seguridad Pública fue la única con cierto consenso, respaldada por PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI votó en contra de todas.

Para los críticos, la desaparición de conceptos clave como “honradez”, “objetividad” y “respeto a los derechos humanos” de la redacción original de las leyes es una señal preocupante sobre el nuevo enfoque de seguridad e inteligencia del Estado mexicano.

Un nuevo equilibrio de poder

Con estas reformas, Omar García Harfuch emerge como el gran ganador, desplazando parcialmente el protagonismo que habían ganado las Fuerzas Armadas en el sexenio de López Obrador. La creación de órganos de inteligencia bajo su mando y la centralización de la estrategia de seguridad en la SSPC reflejan un cambio profundo en la arquitectura del poder en materia de seguridad.