• Mantener la prisión preventiva oficiosa: gobernadores mexicanos urgen a la Suprema Corte.
• Aunque esta medida se aplica para crímenes graves como el feminicidio o el secuestro, ha sido objeto de críticas.
• La carta de los gobernadores mexicanos a la SCJN revela un intenso debate sobre la prisión preventiva oficiosa.

Los gobernadores de los 32 estados de México, representando una diversidad política que incluye a Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han emitido una carta conjunta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instándola a no modificar la polémica figura de la prisión preventiva oficiosa.

Esta acción se da en medio de los esfuerzos del alto tribunal por reformar dicha disposición, tras la sanción que el país recibió el año anterior por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual ordenó su retirada de la Constitución mexicana.

Los políticos argumentan que la medida es vital para la seguridad del país, postura respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado martes.

La Conferencia Nacional de Gobernadores ha presentado un documento bajo la figura de amicus curiae, expresando su preocupación por el «grave impacto» que conllevaría la modificación de la prisión preventiva oficiosa en la seguridad de México.

En la misiva, los mandatarios resaltan el posible «colapso» de los tribunales federales si tuvieran que revisar cada solicitud de modificación de esta medida cautelar, señalando que actualmente hay 68,000 personas bajo esta disposición en las cárceles mexicanas, lo que representa aproximadamente un tercio de la población carcelaria del país.

Mantener la prisión preventiva oficiosa: gobernadores mexicanos urgen a la Suprema Corte

La prisión preventiva oficiosa, contemplada en el artículo 19 de la Constitución, permite la detención automática de los acusados de ciertos delitos durante la fase inicial del proceso judicial.

Aunque las autoridades aplican esta medida para crímenes graves como el feminicidio o el secuestro, críticas internacionales han señalado su contradicción con las garantías de derechos humanos.

La CoIDH ha señalado que esta figura implica un encarcelamiento anticipado y ha instado a México a adecuar su legislación para cumplir con los estándares internacionales.

Los gobernadores también han enfatizado la necesidad de mantener la supremacía constitucional frente a las decisiones internacionales, argumentando que cualquier modificación debe armonizarse con la Carta Magna mexicana.

Su carta se centra específicamente en el proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa para cumplir con las sentencias de la CoIDH.

Esta posición de los gobernadores refleja el respaldo del presidente López Obrador, quien ha defendido vehementemente la prisión preventiva oficiosa como un elemento clave de su estrategia de seguridad.

Sin embargo, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha expresado tensiones con esta postura, y aquellos que consideran que la medida puede llevar a la impunidad la han criticado.

En resumen, la carta de los gobernadores mexicanos a la SCJN revela un intenso debate sobre la prisión preventiva oficiosa, en el que se enfrentan la seguridad pública y los derechos humanos, y donde la decisión final de la Corte tendrá implicaciones significativas para el sistema judicial y la sociedad mexicana en su conjunto.