La fracción legislativa de Morena en la Cámara de Diputados está impulsando una iniciativa que podría marcar un hito en la protección de los derechos de las personas trans en México.
La propuesta, liderada por la diputada María Clemente García Moreno, busca promulgar la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, la cual se encuentra en proceso de dictaminación y podría ver la luz en los próximos días.
Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa es el derecho que busca consagrar en ley para que las personas trans mayores de dieciocho años puedan acceder a una gama completa de servicios de salud pública.
Esto incluye intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales integrales o de reemplazo, así como procedimientos de rehabilitación, con el objetivo de que su corporalidad, incluyendo su genitalidad, esté en armonía con su identidad de género autopercibida.
Para las personas trans menores de dieciocho años, la propuesta contempla el acceso a tratamientos con bloqueadores, supresores o inhibidores hormonales de la pubertad, sujetos a principios y requisitos establecidos en la ley, como el consentimiento informado de la persona interesada y la consideración del interés superior de la niñez.
La iniciativa, compuesta por dos títulos y ocho capítulos, aborda diversos aspectos, desde la no discriminación y el derecho a la identidad de género autopercibida hasta la educación, el trabajo digno, la vivienda, la salud integral y la justicia. Además, contempla un plazo de 180 días para tipificar el delito de transfeminicidio en los códigos penales federal y estatales.
Según la exposición de motivos, el objetivo principal de esta propuesta es establecer un marco legal que garantice la atención oportuna y gratuita para las personas trans, así como promover medidas afirmativas y políticas públicas que aseguren el pleno goce de sus derechos, incluyendo la no discriminación y el reconocimiento de su identidad de género autopercibida.
Ley Integral para personas Trans
La iniciativa también aborda la necesidad de protección en el ámbito laboral, proponiendo medidas para la inclusión y estabilidad laboral de las personas trans en el sector privado, así como protocolos de atención en centros laborales.
En cuanto al acceso a la justicia, se prevén acciones para garantizar que las personas trans puedan acceder a la justicia de manera efectiva, incluyendo la capacitación continua del personal y la designación de defensorías públicas especializadas en asuntos de personas trans.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI, la población trans en México asciende a 909,000 personas, representando el 0.9 % de la población total de 15 años y más.
A pesar de los avances legislativos en algunos estados, como la Ciudad de México, Nayarit, Sonora, Quintana Roo, entre otros, aún persisten desafíos significativos en términos de discriminación y acceso a derechos básicos para las personas trans.
La diputada María Clemente García subraya la urgencia de estas medidas legales, citando estadísticas que muestran altos niveles de discriminación y violencia contra las personas trans en México.
Refiere la necesidad de reformas que no solo reconozcan sus derechos, sino que también aborden las deficiencias en los servicios de salud, que obligan a muchas personas trans a recurrir a procedimientos riesgosos y no supervisados para adecuar su corporalidad a su identidad de género autopercibida.
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