• La Suprema Corte excluida del proceso de selección de jueces.
• Claudia Sheinbaum ha sido una de las voces más insistentes en este proceso.
• El centro del conflicto radica en la disputa sobre qué autoridad tiene la última palabra en la implementación de la reforma judicial.

El enfrentamiento por la reforma judicial en México ha alcanzado un nuevo nivel. El Ejecutivo y el Legislativo, ambos bajo el control del partido Morena, han logrado excluir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del proceso de selección de jueces, lo que ha generado un fuerte choque de poderes.

El Comité de Evaluación del Poder Judicial había detenido sus trabajos de revisión de aspirantes a jueces debido a suspensiones ordenadas por juzgados de amparo. Sin embargo, tras varias presiones por parte de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó al Senado, también dominado por el oficialismo, a realizar un sorteo para seleccionar a los candidatos que el Poder Judicial debía haber propuesto. Esta decisión se da en un contexto de tensión jurídica en el que se cuestiona qué poder tiene la última palabra sobre la reforma judicial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido una de las voces más insistentes en este proceso. En diversas ocasiones, la mandataria pidió a la SCJN desbloquear la selección de candidatos, argumentando que la reforma judicial es una norma constitucional y que el Alto Tribunal estaba vulnerando el derecho de los aspirantes a participar. Este martes, Sheinbaum celebró la sentencia del TEPJF, destacando que la decisión se alineaba con lo establecido en la Constitución. «Lo que hace el Tribunal Electoral es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución», comentó, minimizando las renuncias de los miembros del Comité de Evaluación judicial.

DISPUTA SOBRE QUÉ AUTORIDAD TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

El centro del conflicto radica en la disputa sobre qué autoridad tiene la última palabra en la implementación de la reforma judicial. La sentencia del TEPJF determina que el Senado omitirá la revisión de la idoneidad de los perfiles de los aspirantes y, en su lugar, llevará a cabo un sorteo entre los 1.046 candidatos considerados elegibles por el comité. La lista resultante será enviada a la SCJN para su ratificación. Sin embargo, si el Alto Tribunal rechaza la lista, el Senado podrá remitirla directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar la elección.

Los tres poderes del país, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, habían creado comités de evaluación para filtrar las miles de postulaciones de abogados interesados en ocupar uno de los casi 900 puestos judiciales en disputa. En total, los comités recibieron cerca de 50,000 registros, de los cuales más de 19,000 pasaron a la siguiente fase tras cumplir con los requisitos básicos. Sin embargo, la revisión más profunda de los perfiles para determinar su idoneidad, prevista para culminar el 31 de enero, fue suspendida por un juez de amparo el 7 de enero.

A raíz de esta sentencia, los miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron al cargo, argumentando que era inviable seguir con su tarea sin una resolución clara sobre el proceso. En su carta de renuncia, agradecieron la confianza de los ministros de la SCJN pero señalaron que el comité no podía seguir funcionando en un escenario de “considerable inequidad” mientras los otros comités continuaban sus trabajos.