• La pesadilla de las minas antipersonales.
• El CJNG ha llevado la guerra a un nivel aún más brutal al utilizar minas terrestres y Artefactos Explosivos Improvisados .
• El impacto de las minas también se extiende al sector educativo.

En la región de Tierra Caliente, en Michoacán y Jalisco, las minas antipersonales, armas de guerra de uso prohibido por su impacto devastador, se han convertido en un instrumento de terror en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas minas no solo cobran vidas humanas, sino que destruyen el tejido social y económico de comunidades rurales que dependen del campo para su subsistencia.

El CJNG ha llevado la guerra a un nivel aún más brutal al utilizar minas terrestres y Artefactos Explosivos Improvisados (IED) en áreas rurales. Desde 2022, las minas han causado la muerte de al menos 14 personas y dejado un número similar de heridos, principalmente trabajadores agrícolas y ganaderos.

De acuerdo a La Silla Rota, la situación ha dejado a las familias atrapadas entre el miedo y la muerte, mientras que otras se ven obligadas a huir, dejando atrás sus hogares y sus tierras.

Federico, un trabajador agrícola que ha dedicado su vida al campo, lamenta cómo la violencia ha cambiado su rutina diaria

. «Tenemos miedo de trabajar en los campos. No sabemos si regresaremos a casa. El miedo es constante», afirma.

La tragedia de perder a seres queridos, como el caso del productor agrícola y profesor Ramón Paz Salinas, quien murió en un atentado con una mina, se ha convertido en una dolorosa realidad para muchas familias.

El medio digital señala que el impacto de las minas también se extiende al sector educativo. Los maestros rurales, que antes viajaban con tranquilidad hacia sus escuelas, ahora enfrentan el peligro constante de pisar una mina al tomar caminos rurales. Emanuel Gómez Sosa, coordinador regional de telesecundarias en Apatzingán, expresa su impotencia y frustración:

«Estamos conscientes de que lo que le pasó a nuestro compañero, nos puede pasar a cualquiera de nosotros».

En las comunidades afectadas, la vida cotidiana ha sido alterada. Dalia Isaí Gallegos, desplazada por la violencia, relata cómo las minas han impedido el regreso a sus hogares.

«Antes vivíamos tranquilos, pero ahora no podemos regresar. Los niños no tienen acceso a la educación, porque los maestros temen por sus vidas», cuenta.

A pesar del sufrimiento, la resiliencia de estas comunidades no se ha quebrado completamente. Sin embargo, la falta de apoyo de las autoridades y la creciente inseguridad han dejado a los habitantes en un estado de desesperación.

«No hay ley, estamos en un Estado fallido», claman los residentes, quienes se sienten desprotegidos mientras el crimen organizado se apodera de sus territorios.