• La lucha por justicia en el caso de Paula Josette Arizona.
• Paula Josette ingresó al Cereso II acompañada de una amiga el 14 de enero de 2024.
• Al no haber médico de guardia en el penal, fue llevada en una camioneta al Hospital General de Hermosillo.

Paula Josette Arizona, una joven de 23 años, murió en circunstancias sospechosas el 15 de enero de 2024, tras una visita conyugal en el Centro de Reinserción Social (Cereso) II de Hermosillo, Sonora.

A un año de su fallecimiento, la falta de respuestas y las irregularidades en la investigación han dejado a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre, mientras exigen que su caso sea investigado como feminicidio.

Un caso plagado de irregularidades

Paula Josette ingresó al Cereso II acompañada de una amiga el 14 de enero de 2024. Según testimonios, entró sin identificación oficial, un detalle que marcó el inicio de una cadena de irregularidades. La joven fue a visitar a Carlos Alexis Romero, un preso con quien había entablado contacto en redes sociales. Tres horas después, estaba muerta.

Las autoridades penitenciarias declararon que Paula sufrió un infarto fulminante, pero un nuevo peritaje médico apunta a otra realidad: la joven presentó signos de asfixia y golpes recientes en la parte superior del cuerpo.

“Es descartable que haya muerto por un infarto. Querer sostener esa versión es esconder la verdad”, afirma el médico forense Horacio Valero.

El traslado de Paula también estuvo lleno de negligencias. Según declaraciones, al no haber médico de guardia en el penal, fue llevada en una camioneta al Hospital General de Hermosillo. Sin embargo, el personal penitenciario tardó casi una hora en realizar el traslado, pese a que el hospital está a solo 15 minutos de distancia. Paula fue declarada muerta a las 22:49 horas, pero el peritaje indica que probablemente falleció dentro de la prisión.

Un feminicidio ignorado

El nuevo informe forense señala que la autopsia inicial fue realizada por una persona sin acreditación, y varias lesiones compatibles con asfixia mecánica no fueron descritas ni investigadas adecuadamente. Además, se denunció que el cuerpo fue lavado, lo que pudo haber eliminado evidencias cruciales.

La doctora Adriana Rubio, del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, advierte que este caso refleja graves fallas en el sistema: “La falta de protocolos adecuados en el Cereso y las irregularidades en la investigación son responsabilidad del Estado”.

A estas irregularidades se suma la negativa de las autoridades a entregar imágenes y muestras biológicas del cuerpo, un derecho de las víctimas en México. La Fiscalía debía entregarlas en un plazo máximo de cinco días; sin embargo, ha pasado un año sin respuesta.

Las preguntas sin respuesta

El caso de Paula Josette deja una estela de dudas:

• ¿Cómo pudo ingresar al penal sin identificación?
• ¿Por qué no había personal médico disponible?
• ¿Cómo es que un preso tenía acceso a redes sociales para contactar a mujeres externas?
• ¿Por qué el traslado al hospital tomó tanto tiempo?

Briceida Arizona, madre de Paula, exige justicia. “El dolor de perder a mi hija no se irá jamás, pero lo mínimo que merecemos es transparencia. Parte de los funcionarios estatales son responsables de su muerte”, afirma.

Un llamado a la justicia

A un año del trágico suceso, el caso de Paula Josette sigue estancado. Su familia, acompañada por expertos forenses y abogados, pide que se abra una nueva línea de investigación con perspectiva de género y se apliquen medidas contundentes para garantizar justicia.

El silencio de las autoridades no solo perpetúa la impunidad, sino que también vulnera el derecho a la verdad de las víctimas indirectas. La lucha de la familia Arizona no cesará hasta que se esclarezca lo ocurrido y se castigue a los responsables.