• La Fiscalía siguió la pista a un centro de espionaje del PRI.
• Operado durante el sexenio de Peña Nieto desde una mansión de Raúl Salinas.
• Otro escándalo que sacude al peñismo.

La historia del espionaje en México huele a viejo, pero sigue viva. El resurgimiento de prácticas de vigilancia ilegal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no es un simple capítulo más de abuso de poder: es la reactivación de un aparato oscuro que nunca fue desmontado del todo, solo reciclado por los gobiernos del PRI.

Hoy sabemos que, bajo la gestión de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no solo adquirió tecnología para interceptar comunicaciones; también operó, presuntamente, un centro de espionaje clandestino en una mansión confiscada a Raúl Salinas de Gortari, el infame “Hermano Incómodo” del expresidente Carlos Salinas. Así lo revelan documentos ministeriales a los que accedió El País y que involucran operaciones turbias, contratos simulados, y desvío de fondos por más de 3,300 millones de pesos.

El uso del software Pegasus para espiar a activistas y periodistas ya había colocado al peñismo en el banquillo de los acusados. Pero esta nueva revelación es aún más grave. No solo se trata de vigilancia ilegal; estamos hablando del posible uso de una casa decomisada por corrupción para operar un sistema de espionaje al margen de la ley y de las instituciones. Un lugar que estuvo bajo el control de la PGR entre 1996 y 2015, y que según exfuncionarios, albergó equipos de intercepción adquiridos por contrato a una empresa offshore con sede en Gibraltar.

¿Quién controlaba ese centro? ¿A quién se espiaba? ¿Con qué fines? Lo que queda claro es que el espionaje no fue solo una herramienta de seguridad nacional, sino un instrumento de poder y control político en manos de una élite que no confiaba ni en sus aliados.

El patrón se repite

El modelo es perverso pero familiar: contratos públicos sin transparencia, uso de partidas especiales como cajas chicas, tecnología comprada a sobreprecio y desviada a operaciones clandestinas, empresas fantasma en paraísos fiscales, funcionarios que huyen al extranjero con la complicidad del sistema. Tomás Zerón está prófugo en Israel. Jesús Murillo cumple prisión domiciliaria. Enrique Peña Nieto disfruta de su retiro dorado en España. Y la justicia mexicana sigue buscando evidencias cinco años después de que los rastros fueron borrados.

La mansión en Lomas de Chapultepec, símbolo del exceso y la impunidad de la era Salinas, vuelve ahora como escenario de una operación secreta al más puro estilo de la Dirección Federal de Seguridad del PRI. ¿Casualidad o continuidad? En México, la línea entre pasado y presente se difumina cuando se trata del autoritarismo disfrazado de democracia.

Espionaje sin castigo

Pese a los escándalos, el espionaje en México rara vez termina en sanciones. La estructura de impunidad está diseñada para eso. Mientras la Fiscalía actual, dirigida por Alejandro Gertz Manero, mantiene abierta la investigación, los plazos judiciales se agotan y las pruebas desaparecen. La justicia va tarde. La memoria, por suerte, no.

Este nuevo capítulo debería obligar a revisar a fondo el funcionamiento de los órganos de inteligencia civil y militar en México. Porque no se trata solo de Pegasus ni de una casa en Lomas: se trata de romper con la lógica de que el Estado puede espiar a los ciudadanos sin rendir cuentas a nadie.

El peñismo convirtió el espionaje en un arma de gobierno. Lo hizo con recursos públicos, bajo una narrativa de seguridad que solo encubría intereses políticos. Hoy, ese modelo reaparece como una herida abierta. Si no se cierra con verdad y justicia, solo volverá a infectar.