• Jueces y trabajadores en huelga: Defendemos nuestros derechos
• El gobierno, en respuesta, advirtió que quienes no se presenten a trabajar podrían enfrentarse a despidos o recortes salariales.
• Cientos de personas bloquearon el acceso a los juzgados en el edificio gubernamental.

Este viernes, decenas de jueces, magistrados y cientos de trabajadores del Poder Judicial se congregaron fuera del Palacio de San Lázaro, el coloso de piedra que concentra a varios juzgados de la capital, convertido en el epicentro de las protestas contra la reforma judicial que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Más de 1,200 jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (Jufed) se sumaron a la protesta, iniciando un paro indefinido desde el miércoles. Hasta ahora, casi una veintena de estados han secundado la huelga, y los trabajadores han anunciado que mantendrán el plantón hasta que se entable una verdadera negociación con el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

El gobierno, en respuesta, advirtió que quienes no se presenten a trabajar podrían enfrentarse a despidos o recortes salariales. A medida que la tensión aumenta, la reforma ha impactado también en las relaciones con Estados Unidos, tras las críticas abiertas del embajador Ken Salazar.

En las puertas del Palacio de Justicia, los manifestantes llevan tres días acampando, rodeados de incertidumbre respecto a su situación laboral.

«No son privilegios, son nuestros derechos», se lee en las pancartas que ondean frente al recinto. La reforma judicial está incluida en un paquete de 20 medidas presentadas por el presidente López Obrador para modificar la Constitución. Entre los puntos más polémicos está la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, una medida rechazada por muchos del gremio judicial.

Protestas y Rechazo a la Reforma Judicial

El juez Guillermo Campos Osorio, del Juzgado Noveno en Materia Civil de la Ciudad de México, es uno de los que alza la voz contra esta medida.

«Ser juez no tiene nada que ver con ser popular», sostiene, subrayando la importancia de la preparación y experiencia de los juzgadores, que como él, llevan décadas en el sistema de justicia. «Defendemos la carrera judicial porque empezamos desde abajo y nos vamos preparando desde abajo», añade.

La iniciativa de reforma también incluye la elección popular de ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito, afectando a más de 1,600 cargos que serían renovados en junio de 2025. Además, establece que ningún juez, magistrado o ministro de la Corte podrá ganar más de lo que gana el presidente de la República. Los jueces salientes tampoco podrán trabajar como litigantes durante los dos años posteriores a su salida del cargo.

Este viernes, cientos de personas bloquearon el acceso a los juzgados en el edificio gubernamental, y la misma situación se replicó en otros tribunales de la capital y del país. Según los organizadores, los trabajadores en paro ya superan los 55,000 en todo México.

«Esto que estamos haciendo no es ilegal, estamos ejerciendo un derecho», defiende Patricia Aguayo, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en San Lázaro.

No obstante, los detractores del paro recuerdan que los trabajadores del Poder Judicial tienen prohibido hacer huelga debido a su condición de servidores públicos. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal ha anunciado que mientras dure el paro, se mantendrá un régimen de servicios mínimos para atender casos urgentes en todas las materias: penal, civil, administrativa, laboral y otras especializadas.

Controversia y Consecuencias

La reforma también propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, y la creación de nuevas reglas procesales, entre ellas, la prohibición de suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Mientras los jueces acusan a López Obrador de intentar acaparar el control de la justicia en beneficio de su gobierno, el presidente defiende la reforma como una medida necesaria para acabar con la corrupción en el Poder Judicial.

Patricia Aguayo reconoce la necesidad de reformar el Poder Judicial, una opinión compartida por el juez Campos Osorio, aunque ambos rechazan lo que consideran una «táctica de tierra quemada» del gobierno. «Una institución, como cualquiera, tiene problemas que hay que identificar y resolver», afirma Aguayo.

A pesar de las mesas de trabajo convocadas por el gobierno y los legisladores para discutir la reforma, los trabajadores judiciales critican que las propuestas planteadas en esos foros no tuvieron ningún efecto real en el proyecto final.

«Fue un circo, un engaño, una pantomima que montaron porque nada de la información que se les hizo llegar la tomaron en cuenta. La reforma la están pasando como la ordenó el presidente sin moverle una coma», denuncia Aguayo. «Reforma sí, pero no así», se lee en otra pancarta desplegada en San Lázaro. Se espera que la aprobación del proyecto suceda después del arranque de la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.

Impacto en el Poder Judicial y la Sociedad

Entre los problemas que denuncian los trabajadores se encuentra el gran volumen de trabajo que manejan los juzgados. El juez Campos Osorio señala que desde el inicio del año, su juzgado ha abierto más de 4,000 causas, revisando diariamente alrededor de 250 casos.

Aguayo agrega que los recortes presupuestales han afectado gravemente el desempeño de los organismos del poder judicial. «Hay veces que tenemos que llevar desde casa papel para imprimir los oficios o comprar nuestro propio papel de baño porque no hay en los juzgados. El año pasado nos recortaron unos 7,000 millones de pesos del presupuesto», lamenta.

Aunque los trabajadores insisten en que su lucha es apartidista y emanada de la sociedad civil, la oposición al gobierno de López Obrador se ha manifestado a favor de las protestas y ha intentado capitalizarlas. Este viernes, la diputada electa del PAN, Margarita Zavala, visitó a los manifestantes, se tomó fotografías y realizó declaraciones ante la prensa.

«La defensa del Poder Judicial es la defensa de México», afirmó, añadiendo que la propuesta de reforma «tiene que ver más con una venganza y con un deseo de que no haya ningún poder frente al Ejecutivo».

La Marea Rosa, el movimiento que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil y que se formó para defender la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha convocado para este domingo, 25 de agosto, una manifestación desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo para protestar contra la reforma. Desde el plantón del Poder Judicial, aseguran que quienes deseen marchar lo harán de manera independiente, no como colectivo.

Por su parte, los jueces, magistrados y trabajadores insisten en que el paro es «una respuesta extrema» ante «una amenaza extrema» que pone en peligro la división de poderes. Mientras tanto, López Obrador ha lanzado un mensaje a los huelguistas para que reflexionen por el bien del país y regresen a sus puestos de trabajo.

«Hago un llamado a los que se están manifestando para que recapaciten, entren en razón y no se dejen manipular», declaró esta semana desde Palacio Nacional. La amenaza contra los salarios y miles de puestos de trabajo en el Poder Judicial sigue agitando las aguas. Los afectados aseguran que mantendrán el plantón por tiempo indefinido, «hasta donde tope».

Meta description: El Poder Judicial de México se enfrenta a una crisis sin precedentes con la huelga indefinida de jueces y magistrados contra la reforma judicial de AMLO. Descubre los detalles y las implicaciones aquí.

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