- INE perfila multar a Morena con más de 21 millones.
- El castigo se deriva de dos expedientes que el TEPJF ordenó revisar, votados por el Consejo General del INE.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para sancionar a Morena con una multa superior a 21 millones de pesos por incumplir con la entrega de informes de gastos de precampaña durante el proceso electoral 2023-2024.
El proyecto de resolución discutido este lunes en sesión del Consejo General. El documento establece que Morena no presentó sus informes a través del sistema de fiscalización correspondiente, impidiendo que la autoridad electoral pudiera ejercer su facultad de comprobación e investigación.
Además, el partido reportó sus gastos fuera de los mecanismos establecidos y sin distinguir el tipo de cargo en disputa, lo que representa una violación al artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos.
Multas divididas en dos expedientes
La sanción a Morena está compuesta por dos expedientes que derivan del mismo incumplimiento:
- El primer caso inicialmente implicaba una multa de 4.4 millones de pesos, pero tras una revisión ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cifra reducida a 3.4 millones. Este monto descontado en parcialidades del 25% de las ministraciones mensuales que recibe el partido.
- El segundo expediente contemplaba una multa de 18.2 millones, también ajustada tras la resolución del TEPJF a 18.1 millones de pesos. El INE aplicará el mismo método de descuento gradual.
Ambos casos sancionados desde el año pasado, pero Morena impugnó ante el Tribunal Electoral, que devolvió los expedientes al INE con la instrucción de fundar y motivar mejor sus resoluciones. El órgano electoral ya cumplió y está listo para someter el tema a votación.
¿Por qué importa?
Este tipo de sanciones revelan deficiencias en la rendición de cuentas del partido gobernante y exponen vacíos en la fiscalización de recursos durante los procesos internos. La multa podría impactar el financiamiento mensual del partido y exhibe la necesidad de mayor claridad en el uso de recursos públicos destinados a campañas políticas.







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