- Guanajuato mantiene penalización del aborto.
- Colectivos feministas denuncian retroceso y traición.
Con 19 votos en contra y 17 a favor, el Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto, lo que significa que la interrupción del embarazo seguirá siendo considerada un delito en uno de los Estados más conservadores del país. El resultado fue determinado por el cambio de postura de Luz Itzel Mendo, diputada del Partido Verde, quien votó junto con el PAN y provocó la indignación de los grupos feministas.
Durante una sesión cargada de tensión, gritos de “¡vendida!” y “¡traicionera!” estallaron cuando Mendo anunció desde el estrado: “Hoy he cambiado de opinión”. La bancada de Morena abandonó el pleno entre protestas. El Congreso había empatado la semana pasada con 18 votos por lado, pero el sorpresivo giro inclinó la balanza este jueves.
Afuera del recinto, colectivos feministas y grupos provida protagonizaban manifestaciones paralelas. Mientras en el interior ondeaban pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el derecho al aborto, en el exterior se escuchaban cánticos religiosos y consignas antiaborto.
La SCJN y el contexto legal
A pesar de la votación, ninguna mujer puede ir a prisión por abortar, gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021 que declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo. Sin embargo, Guanajuato aún mantiene el aborto tipificado como delito en su Código Penal, una contradicción que genera incertidumbre legal y social.
De acuerdo con datos de la Fiscalía estatal, desde 2022 se han abierto 72 carpetas de investigación por aborto, una cifra superior incluso a las 68 iniciadas por feminicidio en el mismo periodo.
La resolución en Guanajuato contrasta con el avance nacional, donde 23 de los 32 Estados han despenalizado el aborto, ya sea por voluntad legislativa o por mandato judicial.
Actualmente hay un amparo en curso ante la Suprema Corte, que podría obligar al Congreso local a modificar su legislación, como ya ocurrió en los casos de Coahuila y Chihuahua.
Guanajuato, bastión del PAN —partido que históricamente se ha opuesto a la legalización del aborto—, sigue siendo un foco de resistencia frente al avance del derecho a decidir en México.
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