La Fiscalía General de la República (FGR) revela un entramado de fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde funcionarios desviaron 950 millones de pesos para la compra ilegal de bonos basura.

El caso, inicialmente asociado a la Administración de Andrés Manuel López Obrador, ahora implica a la gestión de Enrique Peña Nieto. Documentos oficiales señalan que el negocio de bonos inició en los últimos años del peñismo, y se evidencian pérdidas de más de 435 millones de pesos en otras inversiones de Segalmex.

Este escándalo financiero, parte de una estafa Ponzi más amplia, involucra a empresarios, brokers, banqueros y funcionarios, desangrando las finanzas públicas.

La FGR ha señalado al exdirector de Administración de Segalmex, René Gavira Segreste, por la compra de bonos, pero documentos apuntan a la participación de gestores que facilitaron la continuidad del fraude entre gobiernos.

El eslabón perdido, Diego Valdiosera, empresario vinculado a Ovalle desde la década de 1990, se convierte en pieza clave. Valdiosera sirvió de puente para replicar el esquema de inversiones fraudulentas en Segalmex durante la transición entre las administraciones de Peña Nieto y López Obrador. El fraude trasciende gobiernos, mostrando una cadena de corrupción que ha dejado impunes a los responsables del desfalco.

La FGR ha detenido a René Dávila de la Vega, pero el esclarecimiento del caso revela una trama compleja que pone de manifiesto la falta de rendición de cuentas y la impunidad en el sistema financiero gubernamental.

Este nuevo giro en la investigación destaca la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos de control y transparencia en las instituciones gubernamentales para prevenir futuros fraudes financieros.