• FGR impugnará absolución del general Ramos Arévalo.
• Este general, quien fue director de Servicios Aéreos durante la gestión de Jesús Murillo Karam.
• La decisión de la jueza ha puesto en entredicho múltiples investigaciones internas.

La Fiscalía General de la República (FGR) tomará acciones legales contra la jueza federal Alejandra Domínguez Santos, quien el pasado 15 de julio absolvió al general José Antonio Ramos Arévalo. Este general, quien fue director de Servicios Aéreos durante la gestión de Jesús Murillo Karam, estaba acusado de la compra injustificada de drones militares por un valor de 614 millones de pesos, según informó este periódico.

La decisión de la jueza ha puesto en entredicho múltiples investigaciones internas que se han llevado a cabo desde el inicio de este sexenio, destinadas a documentar diversos desvíos millonarios ocurridos durante el mandato de Murillo Karam, entre 2012 y 2015, cuando Enrique Peña Nieto (PRI) era presidente de México.

Este martes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que la Fiscalía impugnará la absolución y también procederá contra Domínguez por presuntos delitos en contra de la administración de justicia. El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, hizo este anuncio durante la conferencia Mañanera del presidente, en la cual se examinan casos de jueces que, según el gobierno, actúan de manera indebida. Sin embargo, los críticos del presidente han señalado que estas acciones podrían constituir un ataque mediático a la independencia judicial.

USO INDEBIDO DE FACULTADES Y FRAUDE

Ramos Arévalo enfrentaba acusaciones de uso indebido de facultades y fraude equiparado por haber autorizado la compra, entre 2013 y 2015, de siete drones. Estos equipos adquiridos mediante adjudicación directa, es decir, sin licitación, a la empresa Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., la cual, un año después, vendió a la misma Procuraduría el famoso malware espía Pegasus. La Fiscalía sostuvo que el general realizó la compra sin la autorización necesaria de la Oficialía Mayor de la Procuraduría y falsificó documentos para beneficiar a Balam Seguridad, además de que los drones no eran necesarios ni urgentes.

La jueza determinó que la compra estaba justificada, argumentando que Ramos Arévalo intentaba actualizar la flota aérea de la Dirección General de Servicios Aéreos y atender las demandas de diversas unidades de la Procuraduría y otras instituciones de seguridad.

PGR NO SOLICITÓ COMPRA DE DRONES

Sin embargo, los fiscales internos destacaron que, según sus investigaciones, ninguna área administrativa de la PGR solicitó la compra de los drones, y que la existencia de los mismos en el inventario institucional era desconocida hasta fechas recientes. Asimismo, señalaron que los contratos especificaban un plazo de entrega de un año, lo que desvirtuaba la urgencia de utilizar la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Rodríguez Bucio también mencionó que la jueza levantó las medidas cautelares a las que estaba sujeto Ramos Arévalo, como la presentación periódica mensual al Centro de Justicia, el pago de una garantía de un millón de pesos y la prohibición de salir del país. Este caso es solo una pieza en un rompecabezas más grande de posibles actos de corrupción durante la gestión de Murillo Karam, que podrían ascender a 3.290 millones de pesos.