• Exjuzgadores federales protestan por falta de liquidación.
• Exigen al Órgano de Administración Judicial cumplir con lo establecido en la Constitución y liberar los pagos antes de fin de año.
• A dos meses de su cese.

Más de 800 juzgadores federales cesados tras la entrada en vigor de la reforma judicial continúan sin recibir su liquidación, pese a que la ley garantiza ese derecho. Dos meses después de que los nuevos jueces, magistrados y ministros electos asumieran sus cargos, los exfuncionarios realizaron este miércoles una protesta frente al Órgano de Administración Judicial (OAJ) en Ciudad de México.

“Solicitamos audiencia y no nos recibieron. Hasta que nos plantamos en Revolución fue que nos hicieron caso”, señaló Marlen Ángeles, exjueza federal que formó parte de la comisión que se reunió con el OAJ. “Solo queremos que se cumpla la Constitución, que nos paguen lo que está previsto”, añadió.

El OAJ, que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura Federal, se comprometió a cumplir con el artículo décimo transitorio de la reforma, que garantiza el respeto total a los derechos laborales del personal cesado. El organismo informó que ya inició gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener una ampliación presupuestal de 6,500 millones de pesos, con los cuales se cubrirían las indemnizaciones, adeudos laborales y gastos operativos.

DEBEN RECIBIR 3 MESES DE SALARIO Y 20 DÍAS POR CADA AÑO DE SERVICIO

La Constitución establece que los trabajadores del Poder Judicial cesados deben recibir tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes. Sin embargo, los pagos siguen pendientes, generando una situación económica difícil para muchos exjuzgadores.

“Muchísimos no tenemos ningún ingreso. Por edad, no tenemos pensión y algunos somos cuidadores, madres solteras o personas con tratamientos médicos”, relató Ángeles, quien se desempeñó hasta el 31 de agosto en un juzgado de distrito en Culiacán, Sinaloa.

Los fideicomisos que antes garantizaban estos pagos transferidos a la Tesorería de la Federación en abril, lo que ha retrasado las liquidaciones. Aunque la ley dispone que esos recursos deben destinarse a la implementación de la reforma judicial, los afectados reclaman que su compensación forma parte de ese proceso.

El OAJ aseguró que trabaja “en coordinación con Hacienda” y confía en liberar los recursos antes de que concluya el año. La próxima reunión entre el órgano y los exjuzgadores programada para el 12 de noviembre.

“Nosotros no tendríamos ni querríamos estar protestando, pero es una cuestión de necesidad”, concluyó la exjueza. “Y vamos a seguir si no vemos avances”.