• Escándalos sacuden al Gobierno de Sinaloa.
• Renuncia del secretario de Economía, Ricardo Velarde, por nexos con centros nocturnos ligados al crimen.
• Destitución de la secretaria de Bienestar por contratos a sobrecosto y presunto nepotismo.

El Gobierno de Sinaloa, encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya, enfrenta una de sus mayores crisis políticas tras la salida de Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía, y la destitución de María Inés Pérez Corral, titular de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Ambos funcionarios dejan sus cargos en medio de acusaciones de corrupción, conflictos de interés y posibles vínculos con redes criminales y de lavado de dinero.

Renuncia forzada y sombras criminales

Ricardo Velarde Cárdenas, empresario restaurantero de Mazatlán y dueño de varios centros nocturnos, anunció su renuncia “por responsabilidad y transparencia”, aunque el gobernador Rocha reconoció que se trataba de un “cese disfrazado”.

Su salida se confirmó poco después de que el mandatario se reuniera con Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana.

Velarde, fundador y copropietario de Grupo Eleva, un consorcio de más de 15 restaurantes y bares, enfrenta crecientes señalamientos por la presunta operación del crimen organizado en sus establecimientos, según declaró Sonia de la Garza, fiscal estatal de Durango.

Entre los locales bajo sospecha destacan Terraza Valentinos y Cotorritos, escenarios de desapariciones y agresiones a jóvenes.

El caso más reciente es el de Carlos Emilio Galván, duranguense de 21 años desaparecido el 5 de octubre tras ingresar a Terraza Valentinos. Otro episodio ocurrió el 4 de agosto, cuando tres jóvenes fueron privados de la libertad tras un altercado en el bar Cotorritos, supuestamente por negarse a comprar vapeadores dentro del local.

Ambos establecimientos pertenecen a Grupo Eleva, empresa que —según registros públicos— sigue teniendo a Velarde como copropietario, pese a su incursión en la función pública desde 2018.

Polémica en Bienestar: sobrecostos y nepotismo

De forma paralela, Rocha Moya removió a María Inés Pérez Corral como secretaria de Bienestar, luego de que se revelara la compra de 40 mil despensas con sobrecosto destinadas a familias desplazadas por la violencia.

La dependencia adjudicó el contrato a Berries Company S. de R.L. de C.V., una firma con sede en Culiacán que ha recibido 65 contratos estatales desde 2022 por un total de 380 millones de pesos.

Cada despensa fue adquirida en 320 pesos, cuando su valor de mercado es de apenas 240 pesos, generando un sobrecosto global de tres millones de pesos, justificado como pago para “empaquetadores”.

La exfuncionaria también enfrenta cuestionamientos por nepotismo y uso indebido de recursos públicos: su hija, Marisela Castaños Pérez, servidora de la nación, dirige un programa de control animal con fondos de la Secretaría de Bienestar y recibe donativos a su cuenta personal a través de la organización Fundación Balto y Togo.

Además, Pérez Corral figura como fundadora de Acuícola CastPer, empresa vinculada a una red de lavado de dinero detectada por la Fiscalía General de la República en Tijuana, según el expediente UEIORPIFAM/AP/202/2014.

Crisis de credibilidad

Las renuncias y escándalos reflejan una crisis de credibilidad en el gabinete de Rubén Rocha Moya, marcada por acusaciones de corrupción, favoritismo empresarial y posible colusión con estructuras criminales.

Hasta ahora, ni el gobernador ni las autoridades federales han informado si existen investigaciones penales abiertas contra los exfuncionarios.