En una revelación impactante, el proyecto de instalar 274 plantas purificadoras de agua en los almacenes de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se ha convertido en un entramado de corrupción que ha dejado en entredicho la integridad de la institución y sus líderes.

Presentado en 2020 por Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex y estrecho aliado político del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto tenía como objetivo ofrecer una alternativa a comunidades marginadas que solo contaban con refrescos como fuente de agua potable.

Los documentos obtenidos por EL PAÍS indican que los acuerdos para las plantas de agua se gestaron en julio de 2019, apenas ocho meses después de la llegada de López Obrador al poder.

El convenio, firmado por Diconsa (organismo encargado del abasto de alimentos), la empresa Grupo Andareya, y MSG Minerales Sintéticos Granulados, mostraba un panorama prometedor en papel. Sin embargo, detrás de este aparente proyecto beneficioso se escondía una trama corrupta liderada por empresarios y algunos funcionarios de Segalmex.

El costo de levantar cada planta rondaba los 170,000 pesos, y para asegurar su funcionamiento, la subsidiaria de Segalmex se comprometió a proporcionar el espacio, cubrir los gastos de servicios públicos como energía eléctrica y agua potable, así como encargarse del almacenamiento, la distribución, la recuperación de garrafones vacíos y suministrar inicialmente 500,000 envases de 20 litros. A cambio, las empresas privadas, encabezadas por Fernando Zurita, se comprometieron a proveer la tecnología de modificación molecular para tratar aguas contaminadas, llenar los envases y realizar controles de calidad.

El negocio, sin embargo, no resultó como se esperaba. A pesar de que Diconsa planeaba vender al menos 10 garrafones de 20 litros por día en cada tienda solo en la región norte-centro, las ventas estuvieron muy por debajo de las expectativas.

Entre 2020 y 2021, las ganancias totales apenas alcanzaron los 4.9 millones de pesos, según estimaciones. Este fracaso financiero generó pérdidas tanto para los inversores privados como para la paraestatal, que había invertido fondos públicos en servicios para que las plantas funcionaran.

Las plantas purificadoras, que inicialmente eran celebradas como una solución a la falta de agua potable en comunidades apartadas, quedaron completamente abandonadas después del primer año de producción. A pesar de que el convenio en papel establece que las empresas deben ceder las plantas a Diconsa en 2024, la realidad es que estas instalaciones se encuentran ahora en un estado de desidia y abandono.

Este nuevo escándalo se suma a la lista de prácticas ilegales en Segalmex, donde, según la Auditoría Superior de la Federación, el desfalco supera los 15 mil millones de pesos.

La corrupción, que ha afectado diversos proyectos como la compra fraudulenta de garrafones de agua y otros insumos, plantea serias preguntas sobre la transparencia y la eficiencia de la administración pública en México.

La sociedad exige respuestas y acciones concretas para erradicar la corrupción que mina la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar los recursos y el bienestar de la población.