El colectivo Madres Buscadoras se dijo en desacuerdo con dicha medida

El nuevo protocolo para la búsqueda en fosas clandestinas reportadas de forma anónima se realizará con la participación de autoridades, incluirá una prospección y reconocimiento previo de los lugares, lo cual implica acciones para detectar probables explosivos con especialistas en la materia.

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila Barrientos señaló que también participarán los colectivos que buscan a sus familiares.

“Se establecerán directrices para los diferentes momentos de participación de familiares y colectivos: antes, durante y después de la búsqueda”.

El protocolo señala que en caso de hallazgo positivo la observación de las familias y colectivos, será limitada a un número determinado de participantes que se acordará previamente para un mayor control de la seguridad.

Señaló que durante los traslados quedan perdido las paradas exceptuando los casos de emergencia.

Sin embargo, detalló que estos ya no podrán tomar ni publicar fotos o videos, ni las ubicaciones de los sitios.

“Se acatarán los perímetros rodales y polígonos establecidos en el lugar de procesamiento. De igual manera, se respetará la propiedad privada. Se evitará compartir la ubicación del sitio de búsqueda. En caso de hallazgo positivo, se prohíbe la transmisión en vivo, así como tomar fotografías y/o vídeo. Las víctimas indirectas recibirán apoyo psicosocial para el manejo de emociones”.

Al respecto, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y Sonora se pronunciaron en desacuerdo con el protocolo de búsqueda de personas en fosas, que fue presentado.

La agrupación de familiares de personas desaparecidas emitió un breve comunicado en el que enumeró cinco aspectos con los que no tiene coincidencias.

En principio porque “Limita la participación de las víctimas en la investigación de sus familias”. Segundo porque “atenta contra la transparencia de los procesos de investigación”.

Tercero porque “No fomenta el trabajo colaborativo entre autoridades y colectivos” y cuarto porque “No cuida la seguridad e integridad de las víctimas, más que de servidores públicos”.

Por último, porque “invisibiliza en todo momento a las víctimas de casos de desaparición de personas”.