Ricardo Monreal Ávila, líder parlamentario de Morena en el Senado, ha detallado que, tras analizar la propuesta con actuarios y personal del INE, se determinó que el gasto millonario para la elección de nuevos jueces y magistrados se erogará “por única ocasión”.

En medio de críticas sobre la falta de austeridad en el Poder Judicial, Morena anunció que la propuesta de elección popular de alrededor de 1,600 jueces y magistrados podría costar entre 3,000 y 3,500 millones de pesos.

Esta cifra ha generado controversia, especialmente en el contexto de los debates sobre el gasto público y la eficiencia del sistema judicial.

Durante el tercer día de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, bajo el tema “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”, Monreal Ávila explicó que, según cálculos realizados con actuarios y personal del INE, el costo de la elección podría alcanzar los 3,500 millones de pesos.

“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los 1,600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3,000 y 3,500 millones de pesos la elección, por única ocasión”, afirmó Monreal.

Monreal también sugirió que parte de los 23 mil millones de pesos de los fideicomisos, que serán entregados a la Tesorería, podría destinarse a este propósito.

Además, señaló que la propuesta de reforma al Poder Judicial establece que los actuales ministros de la Suprema Corte que terminen su mandato no recibirán el haber de retiro, el cual puede llegar hasta los 300 mil pesos mensuales.

La misma medida aplicaría para las pensiones complementarias de magistrados y jueces.

Monreal aseguró que a pesar de estas reformas, se respetarán en su totalidad los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.

“Los presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal que correspondan considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral. Es decir, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores, por disposición constitucional estarán a salvo”, sostuvo.

Advierten que la Justicia Requiere Recursos

En el evento, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, señaló que no se puede hablar de austeridad ante las carencias que tiene la impartición de justicia.

“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía”, afirmó Sodi Cuellar.

El magistrado enfatizó la necesidad de suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto para mejorar las condiciones de trabajo y alcanzar estándares internacionales de justicia.

Por su parte, Sergio Arturo López Servín, secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, reflexionó sobre el sistema de elección de jueces y magistrados propuesto por la reforma.

“Así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede ni debe haber impartidores de justicia improvisados”, subrayó.

Derechos de trabajadores y calidad de justicia

El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, conocido por frenar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que la reforma no solo afecta los derechos laborales de más de 50,000 servidores públicos, sino que también pone en el centro a los justiciables y la protección de los derechos humanos.

“México necesita una justicia de calidad eficiente, completa e imparcial, por lo que esta función no puede ser llevada a cabo si no se cuenta con recursos estables y adecuados”, señaló Gómez Fierro.

Finalmente, Carolina Denysee Villagrán Salinas, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura, defendió la necesidad de dignificar la labor judicial para recuperar la confianza del pueblo.

“Claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad”, concluyó.

Con estas discusiones, la propuesta de reforma judicial continúa siendo un tema de gran debate y análisis en México, reflejando las complejas dinámicas entre la eficiencia del gasto público y la necesidad de una administración de justicia efectiva y justa.