• El trabajo informal en México creció.
• El 54.6% de la población ocupada obtiene ingresos fuera del marco legal.
• Por entidades, Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo se mantienen como los estados con mayores índices de informalidad.

El tercer trimestre de 2024 marcó un preocupante récord en la informalidad laboral, con el 54.6% de la población ocupada obteniendo ingresos fuera del marco legal. Esto significa que 32.5 millones de personas trabajaron en la informalidad, de una población ocupada total de 59.5 millones, según datos del Inegi analizados por ManpowerGroup.

Aunque la cifra refleja una disminución de 90 mil personas respecto al mismo periodo de 2023, sigue siendo alarmante. Este trimestre es el más alto del año en términos de informalidad, superando al segundo y primer trimestre, que registraron tasas del 54.3%.

Por entidades, Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo se mantienen como los estados con mayores índices de informalidad. En contraste, el norte del país sigue liderando con los niveles más bajos: Coahuila (34.6%), Nuevo León (34.9%), Baja California (35.5%) y Chihuahua (35.9%). Coahuila, en particular, destaca como la entidad con la menor proporción de empleo informal a nivel nacional.

Fernando Bermúdez Pire, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup, subrayó los retos asociados a este fenómeno: «El crecimiento del empleo informal impide que más trabajadores cuenten con las prestaciones de ley y lo más importante seguridad social. Es necesario buscar modelos flexibles de contratación formal que alimenten la integración de personas a la formalidad».

Es una labor de todos

El experto también enfatizó la importancia de crear empleos formales para combatir esta tendencia: «Incrementar las oportunidades para la generación de empleo formal permitirá ir generando estrategias para reducir la tendencia histórica donde la informalidad absorbe a más de la mitad de la población ocupada del país».

A pesar de los esfuerzos por fomentar la formalización laboral, este panorama refleja la necesidad urgente de políticas públicas que promuevan mejores condiciones de trabajo y la integración al sistema económico formal, garantizando así derechos laborales fundamentales y fortaleciendo la competitividad del país.