• El controversial legado del fiscal de Guanajuato y su pensión.
• Cobrará 144 mil pesos mensuales, igualando a su sueldo en funciones.
• Zamarripa ha sido una figura polémica, resistiendo múltiples críticas y promesas de cambio.

Después de 15 años al frente de la Fiscalía de Guanajuato, Carlos Zamarripa dejará su cargo, anunciado por la gobernadora electa, Libia García Muñoz, quien prometió cambios en su primer acto de campaña. La salida del fiscal, cuyo mandato se extendía hasta 2028, se ha definido bajo un nuevo reglamento interno que añade generosas prestaciones de jubilación, elevando su pensión mensual a 144,000 pesos, casi igualando su sueldo en funciones.

Este movimiento ha sido visto como una maniobra controvertida, particularmente después de que el Congreso local, controlado por el PAN y el PRI, aprobara el nombramiento de un aliado de Zamarripa para supervisar las finanzas de la Fiscalía.

El 1 de abril, el Periódico Oficial de Guanajuato publicó una modificación al reglamento interno de la Fiscalía, estableciendo un Sistema Complementario de Seguridad Social para el personal con más de 15 años de servicio. Este nuevo capítulo asegura beneficios adicionales a las pensiones reguladas por ley, incluyendo becas educativas, apoyo médico y seguro de vida, justificados por las condiciones de «alto riesgo» y «presión» que enfrentan los empleados del organismo.

El cambio, firmado por Zamarripa, pasa desapercibido hasta que recientemente se aprobó la designación de Adriana de Santiago Álvarez como contralora de la Fiscalía, una decisión que ha provocado críticas y protestas de la oposición. Morena ha cuestionado severamente los beneficios otorgados al fiscal saliente, destacando que su pensión podría duplicar el límite máximo establecido por la Ley de Seguridad Social para funcionarios públicos.

Con una trayectoria marcada por un aumento sin precedentes de homicidios en Guanajuato, Zamarripa ha sido una figura polémica, resistiendo múltiples críticas y promesas de cambio durante su prolongado mandato. Ahora, su partida se presenta envuelta en un debate sobre privilegios y transparencia, mientras Guanajuato enfrenta desafíos críticos en materia de seguridad bajo su legado.

Este movimiento, según expertos, podría tener repercusiones significativas para el futuro de la justicia en la entidad, especialmente en un contexto político donde la seguridad y la transparencia son temas centrales para la ciudadanía.