• Dimisión de ministros agrava controversia de la reforma judicial.
• Esta reforma propone la elección popular de todos los jueces, desde los estatales hasta los federales.
• El choque entre el Ejecutivo y el Judicial no es nuevo.

La reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sumido a México en una profunda crisis institucional. Este conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, marcado por tensiones diarias y constantes iniciativas constitucionales, parece no tener un final cercano.

La controversia se intensificó cuando varios ministros de la Suprema Corte anunciaron sus renuncias, aunque aún tienen tiempo para debatir los recursos presentados por la oposición. El martes próximo, el pleno de la Corte votará sobre la constitucionalidad de esta reforma, mientras Sheinbaum mantiene su postura: “lo que están haciendo es inconstitucional”, acusándolos de renunciar para beneficiarse de un retiro privilegiado, algo que su reforma reduciría.

Esta reforma propone la elección popular de todos los jueces, desde los estatales hasta los federales, incluyendo magistrados de tribunales superiores. Sin embargo, no se han definido los detalles de este proceso electoral, lo que complica su implementación y plantea serios desafíos para los organismos electorales. Para Sheinbaum, se trata de cumplir con la voluntad popular que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, solicitó en su administración. Ahora, ella enfrenta una oposición en aumento y el reto de ejecutar una reforma que sacude al sistema judicial en su totalidad.

Críticos de esta medida advierten sobre una posible erosión de la imparcialidad judicial, ya que se cuestionan aspectos fundamentales como la reducción salarial y la facilidad de remoción de los jueces.

“Estamos ante una purga del sistema judicial que socava la independencia y pone en riesgo la división de poderes,” señala Josafat Cortez, especialista de la UNAM, quien considera que esta “democratización” de la justicia podría llevar a una politización indeseable.

El choque entre el Ejecutivo y el Judicial no es nuevo. Durante el mandato de López Obrador, la Suprema Corte bloqueó varias reformas clave, como las de seguridad y energía, en respuesta a los recursos de inconstitucionalidad de la oposición. La reforma judicial, lejos de un esfuerzo consensuado planteó como una respuesta directa a estas resistencias, buscando una transformación drástica del sistema judicial.

Sin embargo, el intento del gobierno de impedir que la Corte revise las reformas impulsadas por el Legislativo mediante otra reforma constitucional genera alarma entre expertos, quienes advierten sobre los riesgos de otorgar poderes sin control a las mayorías parlamentarias.

Una Reforma Controvertida y un Sistema Judicial en Riesgo

La reforma también contempla la creación de dos nuevos organismos: uno para la administración de la judicatura y otro para sancionar a los jueces que se aparten de la norma. Para Cortez, este “tribunal disciplinario” podría representar un mecanismo de control, pues “será electo y eso puede leerse como el último filtro para depurar a los jueces que no se alineen con las preferencias gubernamentales.”

Ante esta situación, los ministros de la Corte plantean modificaciones que permitirían que jueces de distrito y magistrados de circuito no sometidos a elección popular, argumentando que tal medida no es viable ni representativa. Además, piden que las nuevas reglas solo se apliquen a los jueces que ingresen al sistema judicial en el futuro, preservando la estabilidad laboral y la imparcialidad de los jueces actuales.

Mientras la Suprema Corte continúa analizando los recursos presentados, el Congreso sigue adelante con sus propuestas de reformas, intensificando el conflicto. Expertos como Guadalupe Salmorán Villar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresan su preocupación:

“Esto despoja a la Suprema Corte de sus facultades. El Ejecutivo intenta someter al Judicial en un movimiento sin precedentes.”

Salmorán destaca que esta crisis representa una “revancha política” contra los frenos judiciales a las políticas del gobierno anterior, una situación que genera una gran inquietud en el ámbito judicial y un clima de incertidumbre para el futuro de la democracia en México.