- Devuelven más de 1,4 mdp a Norberto por departamentos.
- La decisión judicial ha generado controversia.
El Gobierno de Ciudad de México reembolsó al cardenal Norberto Rivera Carrera más de 1,4 millones de pesos (alrededor de 72.900 dólares) por cobros “excesivos” en el pago de derechos al adquirir dos departamentos de lujo en la polémica torre Mítikah, en el sur de la capital.
La devolución se dio en cumplimiento de una sentencia otorgada por la jueza federal Blanca Lobo Domínguez, quien declaró inconstitucional el cobro que el clérigo tuvo que hacer por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y otros derechos ante el Registro Público de la Propiedad (RPP).
Departamentos de lujo en una torre polémica
Rivera, de 82 años, compró los inmuebles —numerados 4201 y 4205— el 29 de febrero de 2024, ambos con un valor de 10 millones de pesos cada uno. El pago por derechos de inscripción ante el RPP fue de 46.122 pesos en total. Posteriormente, el religioso pagó 651.101 pesos por uno de los departamentos y 700.150 pesos por el otro, en concepto del ISAI.
Apenas dos semanas después, Rivera tramitó un amparo, argumentando que los pagos realizados eran excesivos. El recurso concedido, y tras meses de litigio, la Tesorería capitalina se vio obligada a cumplir la sentencia.
Una jueza y un cardenal bajo la lupa
La jueza Lobo Domínguez ha estado envuelta en múltiples polémicas. Señalada por favorecer a empresarios, políticos y funcionarios con sus decisiones judiciales. En 2011 ordenó suspender la exhibición del documental “Presunto culpable”, una medida ampliamente criticada como acto de censura. En 2012, acusada por el Congreso mexicano de no proteger a los consumidores ante el alza injustificada de tarifas de gas en Ciudad Juárez.
Por su parte, Norberto Rivera, arzobispo primado de México, objeto de investigaciones por presunto encubrimiento de abusos sexuales, enriquecimiento ilícito y vínculos con empresarios relacionados con lavado de dinero para el crimen organizado, según reportes nacionales e internacionales.
Una decisión que genera dudas
Aunque el Gobierno de Clara Brugada intentó impugnar la sentencia, el recurso no prosperó. Incluso multado por no acatar la devolución en el plazo ordenado por la jueza, según reveló la revista Proceso, que tuvo acceso al expediente, aunque el monto de la sanción no se hizo público.
La resolución ha encendido críticas sobre el trato privilegiado que se otorga a personajes con poder e influencia, en contraste con el vía crucis fiscal que enfrentan millones de ciudadanos comunes ante la burocracia gubernamental.
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