- Critica AMLO liberación de Mario Marín: «otro sabadazo» en el PJ.
- La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, ha anunciado que impugnará la decisión.
- La figura de Mario Marín ha estado en el centro de controversias por su relación con el caso de Lydia Cacho.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su desacuerdo con la decisión de la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien otorgó prisión domiciliaria al exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de tortura y protección de redes de trata infantil.
Durante una conferencia de prensa, López Obrador acusó a la oposición de proteger a Marín, recordando su supuesta complicidad en el fraude electoral de 2006.
“Este fin de semana, otro sabadazo: un juez le da libertad al señor Marín, quien fue gobernador de Puebla. Protegían al señor Marín porque les ayudó en el fraude electoral de 2006”, declaró el presidente, sugiriendo que la exoneración de Marín está vinculada a su apoyo político en el pasado.
La referencia al “sabadazo” señala una tendencia que, según López Obrador, se ha vuelto común en el Poder Judicial, donde se toman decisiones favorables a ciertos individuos en momentos críticos. Reiteró su llamado a reformar el sistema judicial, destacando que estas prácticas evidencian la necesidad de cambios estructurales.
Reacción de Artículo 19
La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, ha anunciado que impugnará la decisión de la jueza Ortuño Suárez. La organización argumenta que, aunque la prisión preventiva oficiosa puede ser problemática, en el caso de Marín se presentan riesgos de fuga y peligros para la víctima, la periodista Lydia Cacho, quien ha denunciado actos de tortura.
Artículo 19 enfatizó que la liberación de Marín podría poner en riesgo la seguridad de Cacho y sus derechos como víctima, citando pruebas presentadas por su defensa que justifican la necesidad de mantener al exgobernador bajo prisión preventiva.
Contexto de la Acusación
La figura de Mario Marín ha estado en el centro de controversias por su relación con el caso de Lydia Cacho, quien lo acusó de tortura y abuso de poder. La decisión de la jueza ha reavivado el debate sobre la impunidad en casos de derechos humanos y la protección de las víctimas en el sistema judicial mexicano.
La controversia sobre esta liberación resuena en un momento en que el país enfrenta crecientes llamados a la justicia y el respeto a los derechos humanos, mientras la administración de López Obrador busca reformar un sistema que muchos consideran corrupto y obsoleto.
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