CNDH reabre caso del derrame tóxico en el Río Sonora y exige reparación integral

por | 18/05/2024

  • CNDH reabre caso del derrame tóxico en el Río Sonora.
  • Buscan garantizar la reparación integral y colectiva de los daños, el acceso al agua potable, el derecho a la salud.
  • Las autoridades ahora enfrentan el desafío de implementar estas recomendaciones.

A una década del devastador derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado en la cuenca del río Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha decidido reabrir el expediente y emitir una contundente recomendación para resarcir los daños a las comunidades afectadas.

El incidente, ocurrido en 2014, dejó una marca indeleble en la región, afectando a miles de habitantes. A pesar de los esfuerzos iniciales por remediar la situación, las secuelas del derrame persisten, afectando la salud y calidad de vida de las personas.

CNDH reabre caso del derrame tóxico

Persistencia de Violaciones a Derechos Humanos

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, explicó que la comisión ha acreditado la persistencia de violaciones a los derechos humanos en varias dimensiones: un medio ambiente sano, acceso al agua potable y salud de las poblaciones aledañas a la cuenca del río Sonora. «El acceso al agua potable de las personas que habitan en la cuenca del río Sonora no es continuo, suficiente, ni de calidad», indicó la CNDH en su informe, añadiendo que la situación privilegia el uso del agua en actividades industriales y permite la descarga de aguas residuales crudas en el río.

Responsabilidad de Autoridades y Empresas

La investigación de la CNDH determinó la responsabilidad de diversas autoridades federales y estatales, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las Secretarías de Economía y Salud, así como el IMSS-Bienestar y el gobierno de Sonora. Estas entidades, según la comisión, no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones de proteger a la población y el medio ambiente.

En 2017, se había declarado el supuesto cumplimiento total y la conclusión del proceso de remediación por parte de la empresa minera responsable, en colaboración con las autoridades federales. Sin embargo, las comunidades afectadas, no satisfechas con esta conclusión, iniciaron un amparo en 2019 que culminó con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocando dicha conclusión.

Continuidad de los Impactos Ambientales

La reapertura del expediente de queja en 2016, impulsada por las comunidades afectadas, llevó a una nueva investigación que confirmó la persistencia de los impactos ambientales y de salud en los municipios de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. La Semarnat, por su parte, emitió un dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora, corroborando la continua contaminación en la cuenca.

Recomendaciones de la CNDH

La CNDH ha dirigido una serie de recomendaciones a Semarnat, Profepa, Conagua, las Secretarías de Economía y Salud, el IMSS-Bienestar y el gobierno del Estado de Sonora. Estas recomendaciones buscan garantizar la reparación integral y colectiva de los daños, el acceso al agua potable, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, así como prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.

Las recomendaciones incluyen acciones puntuales para cada autoridad, subrayando la importancia de la participación comunitaria en el proceso de remediación y reparación. A través de entrevistas con los vecinos, la CNDH identificó padecimientos de salud relacionados con el derrame, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades de salud en los tres niveles de gobierno.

Conclusión

El derrame del río Sonora sigue siendo una herida abierta en el estado, afectando a miles de personas. La reapertura del caso por parte de la CNDH y sus recomendaciones marcan un paso crucial hacia la justicia y la reparación integral de las comunidades afectadas. Las autoridades ahora enfrentan el desafío de implementar estas recomendaciones y asegurar que las lecciones aprendidas prevengan futuros desastres ambientales.

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