• Candidatos con historial delictivo ganan elecciones judiciales.
• Al menos 13 candidatos con antecedentes graves ganaron cargos judiciales en México.
• El INE tiene en sus manos la decisión de frenar sus nombramientos.
  

La reciente elección judicial en México ha desatado una fuerte polémica: al menos 13 personas con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado están a punto de convertirse en jueces o magistrados, tanto a nivel federal como local. Las denuncias presentadas por expertos, consejeros electorales y organizaciones como Defensorxs, quienes han documentado una lista alarmante de perfiles que acumulan señalamientos por trata, tortura, feminicidio, abuso sexual, corrupción y hasta vínculos con iglesias investigadas por delitos graves.

Casos que escandalizan

Uno de los más notorios es Hernán Vega Burgos, electo como magistrado local en Yucatán. Acusado por dos mujeres costarricenses de explotación sexual y amenazas cuando era delegado del Instituto Nacional de Migración en 2009. Aunque él afirma que se trató de una fabricación de delitos, el órgano electoral estatal aún no le entrega la constancia de mayoría.

En Chihuahua, obtuvo el triunfo Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ella recibió ya su constancia de mayoría y está a un paso de ser jueza penal en el distrito judicial Bravos. El caso revisado por el Tribunal Electoral.

Otro caso que ha causado indignación es el de Héctor Ulises Orduña, ganador como juez de distrito en Veracruz, desde la prisión, donde permanece por acusaciones de abuso sexual de menores y pornografía infantil. El INE analiza su situación, ya que no existe sentencia firme, aunque por el momento no podrá recibir su constancia.

Acoso, redes religiosas y corrupción

Jaime Cisneros, electo magistrado de circuito en Nuevo León, enfrenta denuncias por acoso a estudiantes. Otros dos aspirantes con señalamientos graves también ganaron: Sergio Díaz, acusado de ser deudor alimentario, y Genaro Antonio Valerio, con denuncias por hostigamiento sexual y abuso de poder. Aún podrían perder sus constancias si el INE actúa.

Además, tres integrantes de La Luz del Mundo, organización religiosa cuyo líder condenado en EE.UU. por abuso sexual infantil, también resultaron ganadores: Madián Menchaca, Eluzai Aguilar y Salma Jaanai Martínez. Su llegada al poder judicial impugnada por organizaciones civiles.

Vínculos con el crimen organizado

El caso de Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien ganó como jueza penal en Iztapalapa, es otro ejemplo alarmante. Suspendida por fraude procesal y uso de documentos falsos, y hasta hace poco representaba legalmente a un presunto miembro de La Unión Tepito.

Alejandra Lozano Maya, con denuncias por tortura, abuso sexual y extorsión cuando fue agente del Ministerio Público, ya recibió su constancia para ser jueza penal en Ciudad de México.

En Baja California, Norma Alicia Sandoval, cesada por fabricación de pruebas en un caso de narcotráfico, fue la más votada como jueza. En Tamaulipas, Tania Contreras, señalada como enlace de una red de corrupción y huachicol, se perfila para presidir el Supremo Tribunal del Estado.

Irregularidades académicas

A esto se suma otro bloque de más de 40 candidatos que ganaron sin cumplir requisitos mínimos de calificación académica, como promedio mínimo de 8 en licenciatura o 9 en especialidad.

Frente a este panorama, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son las últimas barreras para evitar que estos perfiles ocupen cargos de alto nivel en el sistema judicial mexicano.