• Ataque en centro de rehabilitación en Guanajuato deja 4 muertos
• Los agresores huyeron en vehículos, lo que llevó a la Policía municipal y a la Guardia Nacional a iniciar una persecución.
• Este violento suceso destaca la precariedad y el abandono que enfrentan estos espacios en el país.

Un ataque armado en un centro de rehabilitación irregular en Salamanca, Guanajuato, ocurrió este lunes y resultó en la muerte de cuatro personas y cinco heridos, según confirmaron autoridades locales en las primeras horas del martes.

Los reportes de medios locales indican que la agresión se produjo pasadas las 21:00 horas, cuando hombres armados derribaron el portón de entrada del centro, ubicado en la Colonia El Rosario, en las afueras de la ciudad, y atacaron a los internos. Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás del ataque, ya que ni la Fiscalía local ni la Secretaría de Seguridad estatal han emitido información al respecto.

Tras el ataque, los agresores huyeron en vehículos, lo que llevó a la Policía municipal y a la Guardia Nacional a iniciar una persecución. Según un comunicado del gobierno local, dirigido por el morenista César Prieto, «durante la huida, los presuntos delincuentes arrojaron poncha llantas, evitando que los elementos de seguridad les dieran alcance». En el comunicado, se menciona que el ataque ocurrió en un «aparente anexo», lo que sugiere la irregularidad del establecimiento, una situación que afecta a cientos de centros de rehabilitación similares en Guanajuato.

Este violento suceso destaca la precariedad y el abandono que enfrentan estos espacios en el país, comúnmente conocidos como anexos. De los aproximadamente 3,000 que existen en México, según la Comisión Nacional de Adicciones, solo 400 operan de manera legal.

En Guanajuato, apenas 13 de 300 funcionan conforme a la normativa, de acuerdo con un informe especial del medio digital Animal Político. La falta de apoyos económicos, la discrecionalidad en los protocolos y estrategias de recuperación, así como una opacidad general en sus actividades, han convertido la existencia de estos centros en un problema. A menudo, son la única opción que encuentran las familias de escasos recursos para ayudar a sus seres queridos con problemas de adicción.

ATAQUES FRECUENTES A ANEXOS

No es la primera vez que un centro de este tipo sufre un ataque. En Guanajuato, los asaltos a anexos se han vuelto frecuentes. Una revisión de la hemeroteca revela al menos una docena de incidentes en los últimos diez años, destacando el registrado en Irapuato en 2020, que dejó 28 muertos. Otro ataque notable ocurrió hace un año en Celaya, donde cuatro personas fueron asesinadas; en ese caso, se informó que las víctimas eran los administradores del centro. Un año antes, tres internos fueron asesinados en el municipio de Cortazar.

La pregunta que surge es por qué ocurren estos ataques, y la respuesta se encuentra en el contexto. Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), registró el año pasado 3,746 asesinatos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Aunque esta cifra es la más alta del país, también es la más baja en el estado desde 2018. La intensa lucha entre grupos criminales por el control de la venta de drogas, principalmente metanfetaminas y marihuana, junto con las disputas por el robo de combustible de los oleoductos que atraviesan el estado, han contribuido a la escalada de la violencia. Salamanca es sede de una refinería, lo que acentúa la disputa territorial.

CRIMINALIDAD FUERA DE CONTROLA

La criminalidad en Guanajuato parece estar fuera de control, lo que ha llevado al nuevo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, a priorizar la atención de ciudades como Celaya y León, principales polos industriales de la región. En Celaya, la tasa de homicidios supera los 68 por cada 100,000 habitantes, posicionándose como la cuarta más alta del país. La ciudad ha enfrentado en los últimos años una guerra brutal entre criminales y policías locales, resultando en numerosos agentes muertos y heridos.

La situación en Guanajuato ha sido objeto de constantes críticas hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los últimos años. Además, se han escuchado murmullos dentro del PAN. Esta misma semana, se dio a conocer la renuncia del fiscal estatal, Carlos Zamarripa, tras 15 años en el cargo. Esto ocurre a pesar de que el partido logró mantener la gubernatura en las elecciones de junio con su candidata, Libia García.