• Adolescente permanece grave tras dar a luz en Chiapas.
• La Fiscalía investiga el caso, mientras colectivos exigen que se aplique la ley y se castigue el matrimonio y las uniones forzadas.

Tapachula, Chiapas.- Una adolescente de 13 años se encuentra en estado grave tras dar a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, informó este jueves la Fiscalía General del Estado, que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la autoridad, la menor ingresada de urgencia el 5 de enero al Hospital de las Culturas por un joven de 17 años, quien se identificó ante el personal médico como su “esposo” y solicitó atención para el parto. Sin embargo, al momento en que los médicos intentaron obtener más información sobre la condición de la adolescente, el sujeto huyó del hospital y hasta ahora no ha sido localizado.

Elementos de la policía ministerial acudieron posteriormente al domicilio de la familia de la menor, identificada como Deysi, originaria del municipio de San Juan Chamula, en la región Altos de Chiapas.

Estado de salud delicado

Además de las complicaciones propias del parto, la menor presenta un cuadro de sarampión, lo que ha agravado su estado de salud. Tanto ella como el recién nacido permanecen bajo vigilancia médica, reportados como graves pero estables.

El informe médico señala que la adolescente sufrió lesiones severas posteriores al alumbramiento, entre ellas aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como daños en otros tejidos internos, atribuibles a la inmadurez física de su cuerpo.

Investigación y controversia

La Fiscalía indicó que la pareja vivía en concubinato con el consentimiento de los padres de ambos, aunque precisó que la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades conforme a la ley.

Esta postura generó reacciones de rechazo entre colectivos defensores de los derechos de niñas y mujeres. La Colectiva Feminista 50 más 1 Chiapas, a través de su Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, exigió una investigación inmediata y el cumplimiento estricto de la legislación que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas, sin excepciones por usos y costumbres.

“La realidad demuestra que la ley no se está aplicando de manera efectiva, ya que estas uniones continúan ocurriendo sin que autoridad alguna intervenga para prevenirlas o sancionarlas”, señaló la organización.

Embarazos infantiles, un problema persistente

Por su parte, Elsa Simón Ortega, directora de la asociación Por la Superación de la Mujer, exigió castigo para el responsable del embarazo y pidió que se aplique la ley de protección a niñas, niños y adolescentes por encima de cualquier práctica comunitaria.

Advirtió que los casos de niñas embarazadas que llegan a hospitales en Chiapas cada vez más frecuentes y poco visibilizados, especialmente en regiones indígenas.

“En 2025 se registraron 585 adolescentes que acudieron a dar a luz. En los primeros siete días de este año ya suman varios casos en hospitales de Tapachula y ahora el de San Cristóbal”, detalló.

Simón Ortega subrayó que una niña debe estar en la escuela y en condiciones adecuadas para su desarrollo integral. “Una niña no puede estar cuidando a otra niña. Esto debe castigarse con todo el peso de la ley”, afirmó.

Chiapas y Oaxaca continúan con mayor incidencia de violaciones a menores, en contextos donde los usos y costumbres han sido utilizados para justificar uniones con niñas y adolescentes, pese a que estas prácticas vulneran derechos humanos fundamentales.