• A 2 semanas del cambio de gobierno, la violencia sigue imparable.
• Desde hace dos décadas, la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes.
• Durante los últimos tres sexenios, ninguna administración ha logrado encontrar una solución definitiva.

A pocos días de la transición presidencial, la violencia en México sigue siendo uno de los mayores retos que enfrenta el país. Basta con buscar el nombre de cualquier municipio mexicano en internet para que las noticias sobre secuestros, asesinatos, desapariciones o ataques armados encabecen los resultados.

Desde hace dos décadas, la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, una crisis que comenzó con el narcotráfico, pero que en la actualidad está impulsada por diversos factores. Entre ellos, destaca la facilidad con la que se acceden armas en las calles, una de las principales causas de la violencia desatada.

Durante los últimos tres sexenios, ninguna administración ha logrado encontrar una solución definitiva para detener la violencia. La actual administración, que está a punto de concluir bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, ha culpado a Felipe Calderón (2006-2012) por la violencia que persiste, alegando que su estrategia de combate frontal al crimen organizado, conocida como la guerra contra el narcotráfico, fue la chispa que encendió este incendio.

Para López Obrador, Calderón fue responsable de desestabilizar el país al enfrentar directamente al crimen sin considerar las consecuencias a largo plazo. En 2007, cuando apenas comenzaba esa estrategia, el año cerró con 8,867 homicidios, según datos del INEGI, un número que hoy parece modesto en comparación con los niveles actuales.

El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) tampoco escapó de la creciente ola de violencia. Aunque al inicio de su mandato parecía que las cifras de homicidios podrían estabilizarse, los dos últimos años de su administración rompieron récords, superando los 30,000 asesinatos anuales, algo inédito en la historia moderna del país. Este hecho marcó un punto de no retorno, con cifras que no han disminuido desde entonces.

Hoy, la militarización del combate a la violencia, una medida que se ha mantenido constante a lo largo de estos tres sexenios, sigue sin rendir los frutos esperados. Las Fuerzas Armadas, y más recientemente la Guardia Nacional, han sido desplegadas en diversas regiones con el objetivo de contener las crisis de inseguridad. Sin embargo, la estabilización de los homicidios por encima de los 30,000 al año parece más un estancamiento que un avance.

A lo largo de 2024, las cifras siguen siendo alarmantes. De continuar la tendencia actual, el año cerrará con más de 30,000 asesinatos por octavo año consecutivo. Este número, que en cualquier otro país sería motivo de un profundo debate, en México parece haber perdido su capacidad de indignar. Los despliegues militares en las regiones más conflictivas del país siguen siendo temporales, apagando incendios momentáneos sin atacar la raíz del problema.

Sinaloa, por ejemplo, atraviesa una de las peores crisis de violencia en este momento. La guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa ha sembrado el terror, especialmente en Culiacán, la capital del estado.

Hace apenas unos días, 14 personas fueron asesinadas, incluidos cinco hombres que aparecieron maniatados junto a un parque acuático. Estas escenas de violencia se han vuelto cotidianas, incluso en fechas tan simbólicas como el Día de la Independencia, cuando el gobernador Rubén Rocha decidió cancelar las celebraciones públicas y dio el Grito desde una plaza vacía.

Pero Sinaloa no es el único foco de violencia en el país. En la Tierra Caliente de Michoacán, la situación es igualmente crítica. En esta región, el crimen organizado ha establecido su dominio, extorsionando a las industrias locales y enfrentándose a grupos de autodefensas.

Recientemente, el asesinato de José Luis Aguiñaga, un empresario limonero, ha puesto nuevamente en el ojo público la región. La zona ha sido testigo de años de violencia y disputas entre diversos grupos criminales y las autodefensas que, en teoría, surgieron para proteger a la población, pero que también han sido acusadas de tener vínculos con el narcotráfico.

La violencia en México es una constante que afecta a prácticamente todos los estados, aunque los focos más intensos vayan cambiando de lugar. Mientras en Sinaloa o Michoacán el fuego de la violencia arde con fuerza, en la frontera sur del país, las regiones limítrofes con Guatemala y Chiapas enfrentan su propio infierno.

La lucha por el control de las rutas del narcotráfico, el tráfico de migrantes y armas ha dejado un reguero de sangre en municipios como Frontera Comalapa, donde recientemente desapareció el alcalde electo.

La situación en México es compleja y no parece haber una solución inmediata. La violencia se ha normalizado, y salvo incidentes de gran magnitud, poco parece sorprender a la sociedad.

Con un cambio de gobierno a la vuelta de la esquina, las esperanzas de que algo cambie parecen diluirse, como tantas veces antes.