• Ya son 33 negocios de comida clausurados en Torreón.
• El caso más reciente es el de Little Caesar del bulevar Triana.
• Continuarán monitoreando denuncias físicas y a través de redes sociales.

En lo que va de la actual administración municipal, un total de 33 negocios de comida en Torreón están clausurados debido a condiciones insalubres en sus instalaciones y operaciones. Los establecimientos afectados incluyen desde pequeños emprendimientos hasta sucursales de franquicias conocidas, reflejando un esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar estándares de higiene y seguridad alimentaria en la ciudad.

Raúl Rodríguez García, titular de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, detalló que la clausura de estos negocios se basa en un programa de supervisión organizado, así como en la atención a quejas y reportes de ciudadanos. Este enfoque incluye la revisión de denuncias realizadas a través de redes sociales y otros medios, como el caso reciente de una conocida cadena de pizzerías en el bulevar Pedro Rodríguez Triana. A pesar de los rumores difundidos en redes sociales sobre infestaciones, la revisión exhaustiva en la pizzería demostró que no había irregularidades que justificarán sanciones.

Rodríguez García explicó que la intensificación de las inspecciones comenzó en 2022, año en que la actual administración municipal detectó deficiencias significativas en el control sanitario de los establecimientos de alimentos. “Al principio encontramos un Torreón donde no se había hecho el trabajo correspondiente, por lo que tuvo que comenzar a ponerse orden”, comentó el funcionario. Esta intervención resultó en la clausura temporal de al menos 20 establecimientos, incluidos panaderías y pastelerías, debido a anomalías sanitarias que comprometían la salud de los clientes.

Comparación

En 2023, la incidencia de anomalías que justificaron clausuras disminuyó a cinco casos. Sin embargo, en lo que va del presente año, ya se han impuesto ocho cierres adicionales. Rodríguez García señaló que los negocios sancionados tienen la posibilidad de reabrir una vez que hayan corregido las irregularidades y pagado multas que oscilan entre 25 mil y 65 mil pesos, según la gravedad de las faltas. Además, estos establecimientos seguirán siendo objeto de inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.