• Un caos recursos de La Escuela es Nuestra en Laguna de Durango.
• La controversia involucra a padres de familia y directivos escolares, quienes señalan irregularidades.
• Gestionarán ante la Secretaría del Bienestar la implementación de mayores controles y mecanismos de transparencia.

El programa federal La Escuela es Nuestra (PLEEN) ha sido blanco de críticas en La Laguna de Durango, con la Subsecretaría de Educación recibiendo hasta 200 quejas diarias relacionadas con el manejo de sus recursos. La controversia involucra a padres de familia y directivos escolares, quienes han señalado irregularidades en la administración del presupuesto, que oscila entre 200 y 600 mil pesos por institución, dependiendo del número de estudiantes.

Fernando Ulises Adame de León, titular de la Subsecretaría, explicó que estas quejas no solo provienen de padres hacia otros padres, sino también hacia directivos escolares. En ocasiones, incluso se ha solicitado la destitución de estos últimos debido a su limitada capacidad de intervenir en el uso del dinero. «Todas las quejas son de mamás, o en contra de mamás o en contra de la directora por el uso de los recursos», mencionó.

El programa delega la administración de los fondos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por padres de familia que, en teoría, deben documentar y justificar los gastos. Sin embargo, esta estructura ha generado conflictos internos, uso indebido de los recursos y obras deficientes en algunas instituciones. A pesar de estas fallas, las autoridades educativas estatales carecen de facultades para intervenir directamente, ya que el diseño del programa prioriza la entrega directa del dinero a los padres.

¿Sabrán cómo darle la vuelta?

Adame de León subrayó que continuará gestionando ante la Secretaría del Bienestar la implementación de mayores controles y mecanismos de transparencia en el programa. Mientras tanto, los conflictos y la falta de supervisión efectiva han puesto en entredicho la eficacia de este modelo de gestión comunitaria.

El programa, aunque bien intencionado, parece estar atrapado entre la autonomía otorgada a los padres y la falta de candados que garanticen un uso responsable de los recursos. Resolver esta problemática requiere un equilibrio entre la descentralización y una supervisión adecuada para evitar que el beneficio para las escuelas se convierta en un motivo de división entre sus comunidades.