• Medio Ambiente federal y Conagua incumplen órdenes de SCJN.
• Un factor que complica aún más la situación es el clima político actual en México.
• La multa a la que fueron acreedores es de diez mil 857 pesos.

La Comarca Lagunera enfrenta una crisis ambiental debido a la sobreexplotación de su acuífero. Durante años, la extracción excesiva de agua ha llevado a una disminución significativa en los niveles de agua subterránea, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la región. En medio de este escenario, la lucha legal liderada por el abogado Luis Pedroza y su equipo, junto con diversas organizaciones civiles, crucial para intentar frenar el deterioro del acuífero.

Luis Pedroza y Brenda Armendáriz, abogados que representan a la organización Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero, Pro Defensa del Nazas y Encuentro Ciudadano por el Agua, trabajan para que las instituciones gubernamentales tomen medidas efectivas contra la sobreexplotación del acuífero de la Comarca Lagunera.

A través de recursos legales, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligara a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a implementar acciones para detener la sobreexplotación. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar, ya que las autoridades han incumplido con las sentencias emitidas, lo que resulta en la imposición de sanciones.

“Nosotros estamos muy contentos por este resultado que hemos estado obteniendo en relación a vigilar, por parte del juez de distrito, el cumplimiento de la sentencia”, comenta Pedroza.

A pesar de la complejidad del amparo y los retos que implica hacer cumplir la sentencia, el equipo legal de Pedroza ha logrado que se impongan dos sanciones a los titulares de SEMARNAT y Conagua por su incumplimiento.

“Hemos impulsado nosotros como quejosos en el juicio de amparo estas sanciones, y hemos estado solicitando al juez que proceda a sancionar nuevamente a las autoridades”, explica el abogado.

Segunda sanción para los funcionarios federales

Por segunda ocasión, se multó a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal —María Luisa Albores González— y al director de la Comisión Nacional del Agua —Germán Arturo Martínez Santoyo—, por incumplir la resolución del juicio de amparo 543/2022 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta vez se incluyó en las penalizaciones al titular del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, Juan Gabriel Riestra Beltrán, porque ninguna de estas tres instituciones ha aplicado medidas contundentes para frenar la sobreexplotación del acuífero de la Comarca Lagunera.

La multa a la que fueron acreedores es de diez mil 857 pesos; de mantenerse el incumplimiento de sentencia, el Tribunal Colegiado de Justicia de la Nación determinará si los tres funcionarios los separan de sus cargos.

A pesar de los avances legales, la sobreexplotación del acuífero sigue sin resolverse. Pedroza subraya que, aunque se han tomado algunas medidas, como la suspensión de nuevas concesiones de agua, las acciones más profundas y necesarias para remediar el daño no se han implementado.

“Lo que es el fondo, como bien lo señalas, es presentar un programa de trabajo en su conjunto, pero no han avanzado las autoridades”, comenta.

El acuífero de la Comarca Lagunera uno de los más explotados del país. Según informes de la Comisión Nacional del Agua, el acuífero ha sufrido una extracción superior a su capacidad de recarga durante décadas, lo que provoca un descenso crítico en sus niveles de agua.

Este agotamiento no solo afecta el suministro de agua para la población y la agricultura, sino que también genera problemas de calidad del agua, como la presencia de arsénico, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.

La lucha legal es compleja y requiere de una vigilancia constante para asegurar que las sentencias se cumplan. “En nuestro caso ya van dos sanciones aplicadas”, señala Pedroza, quien explica que, si las autoridades continúan sin cumplir, podrían enfrentarse a consecuencias más graves, como la separación del cargo, inhabilitación e incluso consignación por delito. “Estaríamos en posibilidad de solicitar que se inicie ese procedimiento para estas autoridades que ya han sido sancionadas dos veces”, añade.

El contexto político y su impacto

Un factor que complica aún más la situación es el clima político actual en México, marcado por una confrontación entre los poderes Judicial y Ejecutivo. Pedroza destaca que, a pesar de esta coyuntura, el juez de distrito ha cumplido con su deber de sancionar a los funcionarios que no han acatado las sentencias. “No obstante el clima de tensión, el juez de distrito está cumpliendo con la sentencia”, aclara el abogado.

Esta confrontación política genera incertidumbre sobre el futuro del caso, especialmente en lo que respecta a la continuidad del cumplimiento de las sentencias si hubiera una renovación en el Poder Judicial. Sin embargo, Pedroza y los integrantes de las asociaciones civiles evalúan las mejores estrategias para garantizar que las medidas necesarias se implementen lo antes posible.

La sobreexplotación del acuífero de la Comarca Lagunera es un problema que afecta a toda la región. La escasez de agua podría tener consecuencias no solo para la agricultura, que es la principal actividad económica, sino también para el abastecimiento de agua potable para la población. La lucha liderada por las asociaciones civiles citadas es un esfuerzo para asegurar que las futuras generaciones no enfrenten una crisis aún más grave.

“Las condiciones jurídicas están dadas para que avance el procedimiento de ejecución de sentencias”, afirma Pedroza, subrayando la importancia de tomar medidas inmediatas.