• Escuelas públicas en conflictos.
• Por el programa ‘La Escuela es Nuestra’.
• La Laguna de Durango se ve afectada.

Durango.– En La Laguna de Durango, más de un centenar de escuelas públicas de educación básica han sido escenario de disputas entre padres y madres de familia debido a la administración y el ejercicio de los recursos del programa federal La Escuela es Nuestra (PLEEN). Estas tensiones no solo han llevado a la toma de planteles educativos y la suspensión de clases, sino que también han generado decisiones que, en lugar de beneficiar a las escuelas, han provocado problemas adicionales.

Un ejemplo significativo se observa en más de diez instituciones educativas donde los padres de familia instalaron sistemas de aire acondicionado (minisplits) sin ajustar adecuadamente el calibre del cableado eléctrico. Esta falta de adecuación resultó en descargas eléctricas y daños a los nuevos sistemas de aire acondicionado.

Ulises Adame, subsecretario de Educación en la región, explicó que debido a esta situación, también se detuvieron las clases presenciales, ya que no se puede garantizar el bienestar y la salud de los estudiantes durante esta época de intenso calor. Adame mencionó que han recibido quejas sobre familias que contrataron servicios a precios elevados y de baja calidad.

Escuelas públicas en medio de conflictos

«Es increíble la cantidad de problemas que hemos tenido en esta Secretaría asociados con las disputas entre padres de familia que no están de acuerdo al 100 por ciento en la operación de los recursos. Quiero decirles que las escuelas no tienen ningún tipo de responsabilidad en este tipo de ejercicio, que no estamos dispuestos a tolerar que nos sigan parando escuelas, las disputas entre los padres no son motivo para que nos tomen escuelas, esos son problemas de ustedes, son problemas de la organización de un programa en el que nosotros no tuvimos nada qué ver», declaró Adame.

El subsecretario insistió en que PLEEN es un programa federal y, aunque es positivo que se destinen recursos para las necesidades de las escuelas, es crucial que los padres y madres de familia lleguen a acuerdos sobre el uso del dinero sin interrumpir el ciclo escolar. En respuesta a los conflictos, el funcionario pidió a la Secretaría del Bienestar que establezca una oficina regional para resolver las disputas de cada Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), que está integrado por padres y madres de familia. Estos comités, en conjunto con la Contraloría Social, son responsables de la administración y correcta aplicación de los recursos públicos, los cuales varían entre 200 mil y 600 mil pesos, según el número de alumnos inscritos.

Adame reiteró que la Secretaría de Educación del estado no tiene injerencia en el programa federal. «Nosotros solamente recibimos los reclamos y no sabemos qué se ha hecho, lo único que sabemos es cuando se queman las escuelas, cuando truenan los transformadores y nos toman las escuelas. La verdad, yo lo digo respetuosamente, resuelvan ese tema porque antes no lo teníamos», comentó.