- “El Charro” acomoda a socios como funcionarios en Matamoros.
- Entre sus accionistas se encuentra su hermana, Mariana Ramírez López.
- Ocupan posiciones clave en el ayuntamiento con sueldos de 20 mil 230 y 25 mil 667 pesos mensuales.
El alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, conocido popularmente como «El Charro», se enfrenta a acusaciones de conflicto de interés debido a su vinculación con una empresa en la que varios de sus socios han ocupado o aún ocupan cargos en el ayuntamiento.
La firma, denominada Grupo de Trabajo Los Charros, es una sociedad de producción rural con 17 miembros, en la cual Ramírez López es el socio mayoritario. Entre sus accionistas se encuentra su hermana, Mariana Ramírez López.
La información obtenida por El Coahuilense Noticias a través del Registro Público del Comercio, donde revela que la empresa, creada en 2007, no ha experimentado cambios en su estructura accionaria ni en la representación legal que se otorgó al alcalde. Un análisis de la nómina municipal de 2022 a 2024, realizado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), identificó a varios socios de la empresa que también son funcionarios municipales, revelando sus salarios y áreas de adscripción.
Aunque Ramírez López está obligado a declarar sus ingresos y propiedades anualmente, las declaraciones patrimoniales no han podido consultarse debido a la falta de acceso a los registros en línea. Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia en su gestión y la posible omisión de información relevante por parte de sus colaboradores en el servicio público.
En el listado de accionistas de Grupo de Trabajo Los Charros figuran Orlando Galindo Venegas y Carlos Enrique Ayup Insausti, quienes ocupan posiciones clave en el ayuntamiento con sueldos de 20 mil 230 y 25 mil 667 pesos mensuales, respectivamente. Aunque la hermana del alcalde ya no recibe pagos, su participación en la empresa refuerza las preocupaciones sobre los vínculos entre el sector público y el privado.
AMPLIO OBJETO SOCIAL
La empresa tiene un amplio objeto social que incluye actividades de comercialización, explotación colectiva de tierras y operaciones agropecuarias, lo que plantea inquietudes sobre la posible colusión entre funcionarios municipales para beneficiar a empresas vinculadas a ellos. Este riesgo abordado en la Guía de la Secretaría de la Función Pública para identificar y prevenir conflictos de interés en servidores públicos, que menciona que tales prácticas pueden llevar a favoritismos y pérdida de confianza en la gestión pública.
Los antecedentes de la administración de Ramírez López no son aislados. Anteriores alcaldes de Matamoros también enfrentaron acusaciones de corrupción y conflicto de interés. Por ejemplo, el exalcalde Juan Carlos Ayup Guerrero estuvo bajo la lupa por favorecer a empresas familiares en contratos públicos y por la posible malversación de fondos. La denuncia más reciente contra Ayup Guerrero destaca irregularidades por más de 8.1 millones de pesos relacionados con el pago de impuestos.
Ante esta serie de situaciones, es crucial que se implementen mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como evitar que intereses personales interfieran en la administración de los recursos municipales.
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