- Denuncia Attolini abuso de autoridad en operativo de Tránsito.
- El Ayuntamiento niega los señalamientos, mientras el caso genera tensión política.
Torreón, Coahuila.– Un operativo de Tránsito y Vialidad realizado la noche del sábado 28 de junio en Torreón derivó en un enfrentamiento directo entre el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, y el Ayuntamiento, luego de que el legislador denunciara ser víctima de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.
Según el comunicado oficial del Municipio, el hecho ocurrió cerca de las 23:45 horas en el bulevar La Nogalera, donde agentes detectaron a un conductor que presuntamente infringía el Reglamento de Movilidad Urbana y presentaba aliento alcohólico. Al solicitarle la prueba de alcoholemia, el conductor —quien más tarde se identificó como Attolini— se habría negado a realizarla, por lo que el vehículo retirado del lugar conforme al protocolo.
“El actuar de los elementos fue el mismo que se aplica con cualquier conductor en similares circunstancias”, indicó el boletín, destacando que la negativa a realizar la prueba no exime de la falta administrativa.
La versión del legislador: “Fui víctima de acecho”
Sin embargo, Attolini Murra ofreció una versión completamente distinta. Aseguró que lo siguieron y fotografiaron desde un establecimiento, para luego interceptarlo a escasos metros de su domicilio, sin que se le explicara claramente el motivo. Negó haber conducido en estado inconveniente y afirmó que jamás se negó a la prueba de alcoholemia, sino que solicitó que esta se realizara en presencia de su representante legal, quien ya se dirigía al lugar.
“El operativo fue arbitrario y con fines políticos. Nunca mencioné que soy diputado. Me identifiqué como ciudadano, con mi licencia vigente, y pedí que se me explicaran los fundamentos legales. Nunca ocurrió”, denunció el legislador, quien también aseguró que su abogada impedida de ingresar al corralón privado donde llevaron su vehículo.
Attolini afirmó contar con videos y testimonios que documentan el operativo y calificó lo sucedido como parte de un patrón de hostigamiento institucional por parte del Gobierno Municipal encabezado por Román Alberto Cepeda González.
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna investigación oficial por parte de las autoridades municipales, aunque el caso ha comenzado a escalar en redes sociales y medios de comunicación por sus posibles implicaciones legales y políticas.







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