• Cribissa de Lerdo es multada con 20 mil pesos.
• El director de Ecología y Medio Ambiente explicó que a la empresa la sancionaron específicamente por no haber instalado tres tanques de 30 mil litros de agua.
• Participaron Dirección de Prevención Social, Protección Civil y Catastro.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Lerdo informó que a la empresa Cribissa la sancionaron con una multa de 20 mil pesos debido a su incumplimiento en la implementación de medidas correctivas para prevenir la contaminación por polvo en las zonas aledañas. A pesar de la sanción, la compañía podrá seguir operando mientras subsana las deficiencias observadas.

La sanción se impuso el viernes pasado tras las denuncias presentadas por los habitantes de varias colonias cercanas a la planta cribadora Triturados Cribissa, entre las que destacan Francisco Villa Norte, Francisco Villa Sur, Prudencia Jáuregui y Tiro al Blanco. Los vecinos señalaron que la empresa no ha tomado medidas suficientes para evitar la dispersión de polvo generado durante las explosiones realizadas para la extracción de materiales pétreos.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Ricardo Díaz Segovia, dijo que a la empresa la sancionaron específicamente por no haber instalado tres tanques de 30 mil litros de agua, los cuales servirían para rociar las áreas donde se realizan las detonaciones y, de esta forma, reducir la formación de nubes de polvo que afectan a las viviendas y habitantes de las colonias cercanas.

Bajo vigilancia

Diversas dependencias municipales participaron en el operativo de inspección, entre ellas la Dirección de Prevención Social, Protección Civil y Catastro, quienes identificaron otras irregularidades en la operación de la empresa. Sin embargo, además de la multa, se le otorgó un plazo para corregir las faltas señaladas. «Por lo pronto se le permitió continuar con sus operaciones», señaló Díaz Segovia.

El operativo forma parte de los esfuerzos del municipio para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las familias que viven en las zonas afectadas, así como para exigir a las empresas que cumplan con las normativas ambientales vigentes.