- Caso Simas Rural: corrupción, dinero y la verdad.
- A la cabeza figura el profesor Mario ´N´, priista y figura influyente en la región.
- En septiembre pasado, Cepeda y su hija, Xóchitl, fueron vinculados a proceso penal por una agresión física en 2022.
El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón-Matamoros enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción en su historia. Bajo la sombra del control político ejercido por el profesor Mario Cepeda Ramírez, priista y figura influyente en la región, el organismo ha estado marcado por una gestión plagada de irregularidades y desfalcos financieros que hoy salen a la luz.
El caso de Juan Pablo Flores Zendejas, exgerente del Simas de 2013 a 2017, evidenció la magnitud de los problemas. En 2022, Flores Zendejas fue detenido por peculado tras detectarse desfalcos significativos. Este año, las revisiones estatales confirman la gravedad de la situación, derivando en la intervención directa del gobierno estatal.
La figura de Mario Cepeda no pasa desapercibida en este contexto. A mediados de 2022, tras su detención por la Agencia de Investigación Criminal, Cepeda mostró intenciones de unirse a Morena, una decisión que finalmente no concretó tras acuerdos con el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme. Sin embargo, en 2023, sus declaraciones públicas y actos desafiantes hacia el gobierno estatal intensificaron las tensiones políticas.
Escándalos recientes y vinculaciones legales
En septiembre pasado, Cepeda y su hija, Xóchitl, fueron vinculados a proceso penal por una agresión física en 2022 contra Silvia Garza, entonces directora de Relaciones Públicas del gobierno estatal. Esta vinculación también generó consecuencias políticas, como la suspensión de Xóchitl como regidora del Ayuntamiento de Torreón. Por su parte, Mario Cepeda permanece bajo monitoreo con un brazalete electrónico y no asumirá el cargo de regidor en enero próximo.

Corrupción y administración deficiente en Simas Rural
Las revisiones realizadas por el gobierno estatal desde el 5 de noviembre han sacado a la luz un desastre administrativo en el Simas Rural. Entre las anomalías detectadas destacan:
- Cobros en efectivo entregados en domicilios particulares.
- Falta de facturación y transparencia financiera.
- Desfalcos por más de 15 millones de pesos, según auditorías previas.
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) detectó irregularidades por más de 6 millones de pesos en adquisiciones y 1 millón de pesos en pagos al personal, señalando incumplimientos en la Ley de Adquisiciones del estado. Estas irregularidades reflejan adjudicaciones directas y procesos opacos, comprometiendo la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Infraestructura obsoleta y operación deficitaria
El Simas Rural abastece agua a 104 ejidos y 34 fraccionamientos en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, atendiendo a 43 mil 579 usuarios. Sin embargo, la infraestructura del organismo está en condiciones críticas: gran parte de las tuberías son de asbesto, presentan fugas, y se ha identificado un aumento en las tomas clandestinas.
Además, la operación del organismo es deficitaria: mientras los ingresos de 2023 alcanzaron los 104 millones de pesos, los costos de operación ascendieron a 132 millones de pesos, dejando un déficit considerable.
De las tomas instaladas, sólo el 44% cuenta con medidores. Las pérdidas físicas de agua alcanzan el 43%, mientras que las comerciales suman un 40.5%. Esto implica que, de cada peso facturado, apenas ingresan 59.5 centavos al organismo.

Pasivos preocupantes
El balance financiero también evidencia problemas estructurales: los pasivos del Simas ascienden a 307 millones de pesos, frente a un activo total de 140 millones de pesos. Este desbalance genera dudas sobre la capacidad del organismo para cubrir sus deudas y garantizar la prestación del servicio.
Revisión en curso
El gobierno estatal, a través de un equipo encabezado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, José Lauro Villarreal Navarro, continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del desfalco. A pesar de las irregularidades señaladas, aún no se han formalizado acusaciones penales contra los posibles implicados.
Este caso se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción en Coahuila, no sólo por los montos desviados, sino por las repercusiones políticas y sociales que genera.









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