Falta de legalidad y seguridad: Las quejas contra el alcalde de Matamoros, Coahuila

por | 23/01/2025

  • Alcalde de Matamoros en la mira: Quejas en Derechos Humanos.
  • Miguel Ángel Ramírez es acusado de violar el derecho a la legalidad y a la seguridad personal.
  • También le exigen mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Durante diciembre del 2024, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibió más de 110 quejas en toda la entidad, de las cuales seis correspondieron al municipio de Matamoros. Una de ellas fue dirigida específicamente contra el alcalde Miguel Ángel Ramírez, acusado de violar el derecho a la legalidad y a la seguridad personal.

La queja, presentada por un hombre cuya identidad y edad no se especificaron, no solo subraya irregularidades administrativas, sino que también expone un presunto esquema de corrupción y nepotismo en la administración municipal. Según versiones locales, el alcalde habría colocado a varios de sus familiares, incluidos sus propios hijos, en la nómina del ayuntamiento. Además, se le señala por integrar en la plantilla laboral a personas vinculadas a familias influyentes, en un aparente pago de favores políticos.

Irregularidades y falta de transparencia en Matamoros

La denuncia contra el presidente municipal forma parte de un patrón recurrente en Matamoros, donde también se registraron quejas contra agentes del Ministerio Público y la Agencia de Investigación Criminal por violaciones a la integridad y seguridad jurídica. Este caso ha generado inquietud entre la ciudadanía, que exige mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

En contraste, otros municipios como San Pedro y Francisco I. Madero reportaron solo una queja cada uno.

La situación en Matamoros pone de manifiesto una problemática más profunda en el municipio, donde el uso de recursos públicos para beneficiar a familiares y aliados políticos refleja una falta de ética y de respeto a los derechos ciudadanos. Habitantes y organizaciones sociales demandan que se investiguen estas prácticas y se garantice un gobierno más transparente y responsable.

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