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El gasto en los programas de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha experimentado un incremento de tres dígitos durante el actual sexenio, generando una mayor presión sobre las finanzas públicas, según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En 2019, primer año de la administración de López Obrador, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad representaron un gasto conjunto de 151,736 millones de pesos. Contrastando con ello, el año pasado el gobierno destinó 351,634 millones de pesos a estos dos programas, reflejando un aumento del 131.7% en comparación con 2019. La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores es un programa universal para aquellos de 65 años o más, independientemente de su estrato social, mientras que la de Personas con Discapacidad está disponible desde temprana edad para aquellos con discapacidad permanente.

El incremento sustancial del gasto se relaciona con el aumento de los recursos asignados a los beneficiarios. Por ejemplo, mientras que en 2019 se otorgaban 1,275 pesos bimestrales a los beneficiarios, para 2023 la cifra ascendió a 4,800 pesos. De manera similar, la pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad se inició en 2019 con un monto de 1,275 pesos bimestrales y llegó a 2,800 pesos en 2023.

A pesar de la importancia de asegurar ingresos para la población mayor, se ha señalado que el gasto público.

Tanto en pensiones contributivas como no contributivas, especialmente los programas de pensiones para el Bienestar.

Ejerce una presión considerable. Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Destaca la necesidad de buscar fuentes adicionales de financiamiento, dada la limitada capacidad fiscal para abordar pensiones.

Costos financieros y otras necesidades críticas como salud, seguridad y educación.

El CIEP ha señalado problemas operativos en el programa, incluyendo pagos duplicados a beneficiarios, lo cual podría afectar su confiabilidad. Además, se ha planteado la preocupación de que la universalidad de esta pensión beneficie a la población de mayores recursos. El enfoque del gobierno en programas de transferencias directas.

Aunque dirigido a la atención de necesidades inmediatas, plantea desafíos para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo