• Impuesto de Trump a remesas encarecería envíos hasta 4 veces.
• Migrantes buscarían alternativas, incluso informales, para evitar el gravamen.
• El banco señaló que un alza de este nivel provocaría distorsiones artificiales en el mercado.

La posible aplicación de un impuesto del 5% a las remesas por parte del gobierno de Donald Trump tendría un fuerte impacto económico para los migrantes mexicanos y sus familias, alertó BBVA en un análisis reciente.

Según estimaciones de la institución financiera, este gravamen podría elevar el costo de enviar 350 dólares desde Estados Unidos a México de los actuales 6 dólares a 23.50 dólares, lo que representa casi cuatro veces más.

“La imposición de un impuesto del 5% sobre el monto enviado incrementaría ese costo en 17.50 dólares”, detalló BBVA.

DISTORSIONES ARTIFICIALES

El banco señaló que un alza de este nivel provocaría distorsiones artificiales en el mercado y orillaría a los migrantes a buscar alternativas informales o utilizar a terceros con residencia legal en EE. UU. para hacer los envíos en su nombre.

Además, anticipó un posible aumento en la bancarización de las familias receptoras en México, quienes podrían recurrir a transferencias interbancarias para evitar el impuesto.

No obstante, BBVA advirtió que también podrían surgir canales informales que faciliten el flujo de remesas, lo cual abre la puerta a una mayor participación de organizaciones criminales en estas operaciones.

En un escenario extremo, los estados más afectados serían:

• Tamaulipas: caída del 4.4% en remesas
• Guerrero: -4.3%
• Puebla: -3.6%
• Oaxaca: -3.6%
• Veracruz: -3.4%

BBVA calificó el impuesto como una medida “injusta, regresiva y contraria a compromisos internacionales”, aunque estimó que no afectaría de forma significativa a la balanza de pagos del país.

En 2024, México recibió 62 mil 500 millones de dólares en remesas, en su mayoría enviadas por ocho millones de mexicanos con ciudadanía o residencia legal, además de millones más de segunda generación. Sin embargo, el impuesto impactaría directamente a unos cuatro millones de migrantes no documentados, que quedarían especialmente vulnerables ante esta medida.