En México, las elecciones están marcadas por un sombrío preludio de violencia. Es un oscuro ritual donde los disparos y las amenazas definen el tablero político: si un candidato se destaca como un posible ganador, su destino puede ser sellado con dos tiros. Incluso antes de postularse por un partido, algunos caen víctimas de esta cruel realidad.

Con el inicio de la campaña presidencial, legislativa y municipal el 1 de marzo, y la votación programada para el 2 de junio, 20,375 aspirantes se preparan para enfrentarse ante las urnas. Sin embargo, antes de que las pancartas se desplieguen y los discursos resuenen, la violencia política ya ha cobrado su peaje.

Las organizaciones que monitorean estos eventos ya han registrado una decena de muertes relacionadas con las elecciones, y la campaña ni siquiera ha comenzado. Cuando este artículo llegue a sus manos, la cifra seguramente habrá aumentado, un sombrío recordatorio de que la democracia en México aún se ve empañada por la violencia.

En los comicios anteriores, en junio de 2021, la consultora Etellekt documentó al menos 35 aspirantes asesinados. Y este año, las expectativas de cambio son escasas. Los responsables de estos crímenes, ya sean políticos o criminales, a menudo se entrelazan en una compleja red de intereses. Buscan controlar no solo el poder político y los fondos públicos, sino también asegurar su dominio en el ámbito del crimen organizado. Por eso, estos ataques son más frecuentes en áreas remotas, aunque la sombra de la violencia puede extenderse a cualquier rincón del país. No es necesario un magnicidio para entender la gravedad de la situación; basta con mirar los titulares de las ciudades más pequeñas, donde la violencia política se convierte en noticia cotidiana.

La semana pasada, dos asesinatos capturaron la atención nacional. En el pueblo de Fresnillo, Zacatecas, Juan Pérez Guardado y Jorge Antonio Monreal, ambos con lazos familiares con figuras políticas destacadas, perdieron la vida en ataques separados. Este macabro episodio sirve como recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes se aventuran en el mundo de la política en México, especialmente en áreas de alto riesgo.

A pesar de las intensas medidas de seguridad que rodean a los candidatos presidenciales, la verdadera batalla se libra a nivel local, donde el crimen organizado ejerce su influencia con impunidad. Los números hablan por sí mismos: 782 ataques documentados en 2021, desde intimidaciones hasta intentos de asesinato. Los políticos y ciudadanos viven bajo la sombra del miedo, conscientes de las consecuencias de enfrentarse al poder oscuro que acecha en las sombras.

A medida que México avanza hacia la democracia, el desafío de erradicar la violencia política se vuelve más acuciante. La alternancia de poder, aunque un signo de progreso, aún no ha sido completamente asimilada por todos los sectores de la sociedad. Los intereses fácticos continúan tejiendo su telaraña, manteniendo a la democracia mexicana en una lucha constante por su integridad.

Si bien no hay una solución fácil, algunos expertos sugieren medidas más estrictas para proteger el proceso electoral y castigar los crímenes políticos. Sin embargo, queda claro que el camino hacia una democracia plena en México aún está lleno de obstáculos y desafíos.