Hoy, en la Suprema Corte de Justicia, se jugará lo que podría ser la última carta del Fidecine, fideicomiso que hace más de dos años quiso desaparecer el actual gobierno, pero cuya acción detuvo una serie de amparos promovidos por la comunidad cinematográfica.

En la Segunda Sala de la SCJN se pondrá a discusión el promovido por Springall Pictures, del realizador Alejandro Springall («Santitos» y «Morirse está en hebreo»), uno de los más de 10 amparos que argumentan inconstitucionalidad en la decisión presidencial.

Durante septiembre de 2020, luego de que Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara Baja, asegurara que el Fidecine no desaparecería, sino incluso se buscaría incrementar su monto, dio vuelta de timón para extinguir alrededor de 100 fideicomisos.

Fidecine, creado en 2002, apoyó cerca de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como «No se aceptan devoluciones», «Una película de huevos» y «Kilómetro 31», las cuales hasta hace tres años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Los escenarios legales para Fidecine

El abogado Eduardo de la Parra, quien ha llevado y ganado en casos como la Ley General de Bibliotecas y la Mutilación de Obras de Cine en la Televisión, es quien de manera gratuita apoya a los productores cinematográficos.

«Preveo una discusión dividida y una votación cerrada, pero es mera especulación», dice el ligante.

Los amparos pasaron primero por los jueces de primer grado, quienes de acuerdo con De la Parra no entraron de fondo al asunto o consideraron que el Fidecine era una garantía de Derechos Humanos, por lo que estarán pasando a la Suprema Corte para la decisión final.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo 1, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

También que los derechos no pueden restringirse, ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

El problema, comenta el abogado, es que el Focine (actual figura de apoyo al cine mexicano) es creado por un acuerdo unilateral y no está contemplado dentro de la ley, como es el Fideicomiso, por lo cual puede desaparecer.

«El Fidecine es, en términos jurídicos, una garantía de derechos humanos, por la forma en que los legisladores y las reformas a la ley (de cine) de 1999 consideraron que debían garantizarse las libertades y el derecho a la cultura. Estas garantías pueden mejorarse, pero no se puede dar marcha atrás a ellas.

«La naturaleza jurídica del Focine es ser un programa presupuestal ¿qué significa?, que si en el presupuesto del próximo año la Cámara de Diputados decide bajar al presupuesto a la Secretaría de Cultura y a ésta no le alcanza para apoyar al cine, ese año puede no haber Focine y no habría problema», subraya.

De la Parra destaca que los amparos sólo detuvieron la firma de documentos necesarios para dar por extinto al Fidecine, aún vivo aunque sin operatividad, por lo que los dineros y compromisos contraídos con el fideicomiso, podían seguir adelante.

Para este miércoles hay varios escenarios, tanto a favor como en contra de los productores fílmicos.

La jurisprudencia (decisión para casos similares) para uno u otro lado se establecería con el voto mínimo de cuatro de los cinco magistrados participantes; si la votación queda 3 a 2, entonces el resto de amparos se revisaría conforme fueran llegando y podrían tener resolución distinta; que los magistrados pidan más tiempo para analizar o, muy remotamente, que pasen al pleno.