• Torreón en Crisis: Centros de Rehabilitación Operan en la Sombra Mientras Autoridades Permanecen Pasivas.
• A pesar de la solicitud del Congreso del Estado desde el 7 de febrero para obtener información.
• Es esencial que las autoridades locales informen sobre el mecanismo de vigilancia y supervisión.

En un alarmante informe, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores del PVEM revelo.

Mientras en Torreón existen 60 centros de rehabilitación de personas adictas debidamente registrados, se estima que otros 200 operan clandestinamente.

A pesar de la solicitud del Congreso del Estado desde el 7 de febrero para obtener información sobre los anexos en cada municipio, ninguna autoridad ha proporcionado respuesta.

El objetivo es contar con un padrón actualizado para diseñar una ley que regule estos centros y así evitar abusos y situaciones graves que incluso han resultado en el fallecimiento de personas bajo tratamiento.

Según Valdés Flores, aunque carecen de datos oficiales, se estima que la cantidad de centros clandestinos podría ser incluso mayor que la reportada. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las autoridades locales en la regulación y supervisión de estas instituciones.

En un intento por obtener información detallada, se han solicitado a las autoridades municipales reportes sobre licencias de construcción, permisos de uso de suelo, y medidas de protección otorgadas a estos centros. Además, se requiere un reporte de establecimientos autorizados en materia de salud y los programas implementados para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia.

Es esencial que las autoridades locales informen sobre el mecanismo de vigilancia y supervisión que aplican para estos establecimientos, así como sobre los centros clausurados, sanciones impuestas y el proceso de regulación municipal. La falta de transparencia y control en este ámbito podría tener consecuencias graves para la salud y seguridad de quienes buscan tratamiento en estos centros.

“Estamos trabajando desde el Congreso del Estado para crear una ley especial sobre la materia, que rija y aplique un solo ordenamiento legal, los requisitos y funciones que debe cumplir todo centro de internamiento. Nos corresponde hacer leyes que faciliten el funcionamiento y establezcan el orden en los anexos”, manifestó.