El reciente informe emitido por el INEGI sobre las características de defunciones en Coahuila ha revelado una alarmante realidad: los fallecimientos por suicidio superan en número a los homicidios dolosos en la entidad, posicionando al estado como una de las cinco entidades en todo el país con mayores probabilidades de que se registre un suicidio en lugar de un homicidio doloso.
Según el informe con datos actualizados hasta el corte de 2022, durante ese año Coahuila reportó un total de 1,571 defunciones por causas externas, es decir, aquellas relacionadas con situaciones accidentales o violentas y que están ajenas a enfermedades.
De manera preocupante, el 19.9% de estas muertes por causas externas, equivalentes a 312 casos, fueron clasificadas como suicidios, superando el 10.8% (169 casos) de defunciones por homicidio doloso.
Es destacable mencionar que ambos indicadores presentaron un incremento respecto al año anterior, donde se registraron 171 homicidios dolosos y 301 defunciones por causa de suicidio.
Si bien el suicidio no es una de las principales causas de muerte en la entidad, el informe resalta la inquietante cifra que muestra que Coahuila tiene casi el doble de suicidios que homicidios violentos.
En un análisis comparativo a nivel nacional, Coahuila, junto con Aguascalientes, Durango, Querétaro y Yucatán, se destaca como una de las entidades donde el porcentaje de muertes por homicidio doloso es menor que el porcentaje de muertes por suicidio, considerando el universo total de las defunciones registradas por causas externas.
Otro dato relevante del informe es que la mayoría de las defunciones por causas externas en Coahuila, con un total de 1,055 casos, se deben a accidentes, lo que representa el 67.2% del total de muertes en esta categoría. En este sentido, Coahuila y Durango comparten el porcentaje más alto de muertes por accidentes en el país, con un 67.2% y 67.8%, respectivamente.
Estos resultados alertan a las autoridades y la sociedad sobre la importancia de abordar la problemática del suicidio y las defunciones violentas, así como la necesidad de implementar estrategias de prevención y atención para proteger la salud mental y el bienestar de los habitantes de la región.







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