La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cargos contra Nazario Salvador Iga Torre, exdirector General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, en relación al presunto peculado de 475 millones de pesos que habría tenido lugar durante el mandato del exgobernador Rubén Moreira Valdez, actual coordinador de los diputados federales del PRI.

Este caso marca el segundo proceso judicial dirigido a un ex servidor público por su involucramiento en el desvío de fondos públicos y la creación de contratos ficticios en dependencias estatales, con el fin de financiar campañas electorales. Este esquema presenta notables similitudes con el conocido caso «Operación Safiro» que fue investigado en el estado de Chihuahua.

El primer individuo imputado fue Ismael Ramos Flores, quien ejerció como secretario de Finanzas de Coahuila entre 2014 y 2017. Actualmente, enfrenta cargos por ejercicio indebido de atribuciones y facultades, en relación a la presunta desviación de 475 millones de pesos.

Vínculos con «Operación Safiro» y Asesinato de Isaac Gamboa

Según el expediente de este caso, se imputa a Ramos Flores y su subordinado por la firma indebida de 18 contratos públicos, cuyo valor asciende a 475 millones de pesos. Estos contratos se otorgaron a un conjunto de empresas que compitieron en procesos de licitación restringida. Los recursos involucrados provenían del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también conocido como el ramo 23 del presupuesto federal.

La Fiscalía Anticorrupción de la FGR ha sostenido en las primeras audiencias que existen pruebas suficientes que sugieren que Ismael Ramos Flores y sus colaboradores otorgaron autorizaciones económicas inadecuadas en favor de terceros, además de suscribir contratos públicos que no cumplían con los requisitos legales para beneficiar a las empresas receptoras.

Los contratos bajo investigación fueron firmados entre enero y mayo de 2016, lo que permitió la aplicación del Código Penal Federal vigente hasta junio de 2016 para encausar y tipificar el delito asociado a estos exfuncionarios.

Este modus operandi guarda una notable similitud con la estrategia descrita por la Fiscalía de Chihuahua en el caso de la «Operación Saneamiento Financiero» o «Operación Safiro», diseñada para financiar campañas electorales del PRI durante los procesos estatales de 2016 y 2017, incluyendo en el propio estado de Coahuila.

Un componente clave fue la firma de dos convenios entre el Gobierno de Coahuila y la Federación, respaldados por el expresidente Enrique Peña Nieto, para transferir 475 millones de pesos al estado. Estos convenios fueron firmados por Isaac Gamboa Lozano, entonces titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), quien fue trágicamente asesinado en mayo de 2020 junto a miembros de su familia. Además, Ismael Ramos Flores, exsecretario de Finanzas de Coahuila y actual imputado, también participó en la firma de estos convenios.

La firma restante en estos contratos corresponde al segundo individuo imputado, Nazario Salvador Iga Torre, quien fue acusado la noche anterior y durante las primeras horas de este viernes.

El siguiente paso del proceso involucró la transferencia casi inmediata de estos recursos a 18 empresas, quienes recibieron los fondos para llevar a cabo supuestas «asesorías» y «análisis» en áreas como el combate a la corrupción, la transparencia y la integridad. Los contratos, todos firmados entre enero y mayo de 2016, presentan diferencias de horas y días.

Sin embargo, estos contratos no siguieron procesos de licitación conforme a la ley, sino que se adjudicaron a través de procedimientos de adjudicación restringida, alegando que eran necesarios para proyectos futuros y que su contenido era confidencial y reservado.