• Manolo Jiménez pide 7 créditos y aumenta deuda de Coahuila.
• Enfrentará el inicio del 2025 con una deuda pública que supera los 38 mil millones de pesos.
• El un nuevo cambio de placas vehiculares, anunciado como estrategia de recaudación, genera descontento entre los ciudadanos.

Coahuila enfrentará el inicio del 2025 con una deuda pública que supera los 38 mil millones de pesos, una cifra alarmante que refleja los compromisos financieros de largo y corto plazo de la entidad. A pesar de que el secretario de Finanzas, Antonio Gutiérrez Rodríguez, asegura que las finanzas estatales son “estables”, los números pintan un panorama diferente y cuestionan las decisiones del gobernador Manolo Jiménez.

El reporte oficial al 30 de noviembre de 2024 muestra una deuda de 36 mil 360 millones de pesos, distribuidos entre créditos a largo plazo con bancos como Banobras, Banorte y Santander, y un crédito PROFISE con Banobras. A esto se suman tres nuevos préstamos a corto plazo adquiridos en diciembre por un total de 2 mil millones de pesos, elevando la deuda pública directa por encima de los 38 mil millones.

El gobernador Manolo Jiménez ha sido señalado por decisiones que agravan esta situación, como la contratación de estos créditos sin convocatorias públicas. Además, la implementación de un nuevo cambio de placas vehiculares, anunciado como una estrategia de recaudación, genera descontento entre los ciudadanos. Este tipo de medidas no solo aumenta la carga fiscal sobre los contribuyentes, sino que también evidencia la falta de transparencia y priorización en el uso de los recursos.

Malos manejos

Mientras el gobierno asegura que la deuda se paga mes a mes con abonos de entre 4 mil 300 y 4 mil 400 millones de pesos, la realidad es que los nuevos compromisos financieros solo prolongan el problema. Los coahuilenses, quienes ya enfrentan un contexto económico complicado, ven con frustración cómo el manejo de las finanzas públicas compromete el futuro del estado sin generar beneficios tangibles.

Con una deuda creciente y decisiones controvertidas, la administración estatal deberá rendir cuentas claras y replantear su estrategia para evitar que las consecuencias sigan recayendo en las próximas generaciones.