• Manolo Jiménez aumentará deuda de Coahuila.
• Contrataron tres nuevos créditos a corto plazo por un total de 2 mil millones de pesos.
• Mientras tanto, los ciudadanos tienen que seguir pagando impuestos y por nuevas placas.

El gobierno de Coahuila continúa profundizando su crisis financiera con la adquisición de tres nuevos créditos a corto plazo por un total de 2 mil millones de pesos. Esta medida, tomada en diciembre por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), se suma a una ya abrumadora deuda pública que asciende a más de 40 mil millones de pesos entre compromisos a corto y largo plazo, según el Estado Analítico de la Deuda.

Los créditos, otorgados a Banorte y HSBC mediante procesos cerrados y sin convocatoria pública, son un reflejo de la insuficiencia de liquidez que enfrenta la administración. Mientras tanto, las cifras oficiales muestran que la deuda de largo plazo del estado alcanza los 36 mil 134 millones de pesos, lo que coloca a Coahuila en una situación crítica y pone en entredicho su capacidad para cumplir con los pagos sin comprometer aún más a las futuras generaciones.

El ´regalo de Navidad´ de Manolo Jiménez

En este contexto de endeudamiento masivo, el gobierno estatal implementará un cambio de placas vehiculares, una medida que en su última aplicación, hace apenas dos años, generó descontento entre los contribuyentes. Este movimiento, percibido como una forma de recaudar más recursos a costa de la ciudadanía, añade tensión a una administración que ya enfrenta críticas por el manejo de las finanzas públicas.

La ausencia de convocatorias públicas para los nuevos créditos bancarios genera dudas sobre la transparencia del proceso y los criterios de selección. A esto se suma la percepción de que los recursos obtenidos no se reflejan en mejoras significativas para los coahuilenses, sino en un continuo endeudamiento que solo agrava la situación financiera del estado.

Coahuila enfrenta un panorama económico sombrío. Con una deuda que sigue creciendo y decisiones controvertidas como el cambio de placas, la administración debe replantear sus prioridades y garantizar que las soluciones no recaigan siempre en los ciudadanos.