• Instituto Electoral de Coahuila busca 388 millones para 2025.
• Dentro de este presupuesto, se destinan 182 millones de pesos para transferencias y ayudas.
• El consejero Daniel Flores votó en contra, expresando su desacuerdo con la subpartida 15202, la cual contempla liquidaciones para los consejeros.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha aprobado, por mayoría, la solicitud de un presupuesto de 387 millones 921 mil pesos para el año 2025. Dentro de este presupuesto, se destinan 182 millones de pesos para transferencias y ayudas. En el desglose, se prevé que el capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, tendrá un gasto de 130 millones 417 mil pesos; el capítulo 2000, de materiales y suministros, requerirá 12 millones 27 mil pesos; mientras que el capítulo 3000, de servicios generales, implicará 52 millones 191 mil pesos.

Además, en el capítulo 4000, para transferencias y otras ayudas, se destinarán 182 millones 737 mil pesos, y finalmente, el capítulo 5000, que cubre bienes muebles e intangibles, tiene proyectado un gasto de 10 millones 548 mil pesos.

Sin embargo, la propuesta no fue unánime. El consejero Daniel Flores votó en contra, expresando su desacuerdo con la subpartida 15202, la cual contempla liquidaciones para los consejeros. A pesar de que esta partida no es ilegal, Flores señaló que está bajo observación por la Auditoría Superior del Estado debido a que no se ajusta a las leyes laborales vigentes, tanto federales como estatales. «No es la manera correcta de aprobar este tipo de derechos», argumentó.

Paridad

El consejero explicó que el tema de las liquidaciones está ligado a situaciones como despido o renuncia. No obstante, señaló que la actual regulación, basada en el Reglamento de Relaciones Laborales y el Manual de Percepciones, no es clara en cuanto a las remociones de consejeros. Además, recordó que, en 2021, se aprobó un esquema de liquidación para servidores públicos, pero subrayó que no lo había avalado para la exconsejera Gabriela María de León Farías. Por ello, mencionó que tampoco podría aprobarlo para los actuales consejeros que concluyen su mandato. «No sería equitativo ni justo en términos políticos ni jurídicos», expresó.

Finalmente, Flores hizo un llamado a la Comisión de Normatividad para revisar el tema y evitar posibles complicaciones legales en el futuro. «Es necesario que esta prestación se establezca directamente en la ley o, al menos, quede regulada de manera clara en el reglamento de relaciones laborales», concluyó.