Familias denuncian autogobierno, violencia y corrupción en penal de máxima seguridad en Ramos Arizpe

por | 30/05/2025

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  • Familias denuncian autogobierno en penal de Ramos Arizpe.
  • La CNDH confirmó consumo masivo de sustancias prohibidas en su recomendación 72/2024.
  • Exigen intervención urgente de la Guardia Nacional.

Ramos Arizpe, Coahuila.— Familiares de personas privadas de la libertad (PPL) en el Centro Federal de Reinserción Social Número 18 expresaron su creciente preocupación por las prácticas de autogobierno, trasiego de drogas y violencia al interior del penal. Aseguran que la situación se ha recrudecido en el último año y hacen un llamado urgente a la intervención de la Guardia Nacional.

Una madre, cuyo hijo está recluido en el penal, declaró que desde la apertura del centro han promovido quejas por violaciones a derechos humanos, pero las condiciones han empeorado tras el traslado de internos del penal del Altiplano, presuntamente ligados a células criminales.

“Lo que sabemos es que hay muchos grupos, pero uno predomina. Y lo que sospechamos es que estas personas están coludidas con los mandos”, señaló la denunciante, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

CNDH documenta consumo de drogas

En mayo de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 72/2024, tras la sospechosa muerte de un interno. Como parte de la investigación, la Fiscalía General de la República aplicó exámenes toxicológicos a 243 reclusos, de los cuales 157 dieron positivo a sustancias prohibidas, lo que representa el 64% de la población evaluada.

Corrupción, extorsión y negligencia médica

Según los testimonios, existen cobros ilegales por atención médica, castigos físicos por no obedecer órdenes relacionadas con trasiego de drogas o extorsiones, y grupos infiltrados que informan a las mafias internas sobre las quejas externas.

“Si quieres que atiendan a tu familiar, te piden dinero para pagar a un médico particular”, denunció otra madre.

Familiares de PPL exigen visitas sorpresivas por parte del Gobierno federal para verificar las condiciones reales del centro. También urgen a que se investigue cómo entra la droga y quiénes están facilitando su distribución al interior del penal.

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