• Coahuila inicia homologación de ley de transparencia.
• Implicará la desaparición del ICAI y el traspaso de sus funciones a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
• Te contamos qué implica esta decisión

Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado de Coahuila ha iniciado el proceso de homologación constitucional de la Ley de Acceso a la Información, que implicará la desaparición del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y el traspaso de sus funciones a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC).

En primer lugar de acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno del Estado, esta reforma se realiza en cumplimiento con la reforma federal del 20 de diciembre de 2024, y en respuesta a la publicación de nuevas leyes generales en la materia, el pasado 20 de marzo de 2025.

“El Congreso del Estado de Coahuila ha iniciado el proceso de homologación constitucional obligatoria en materia de transparencia y protección de datos personales”, señala el documento.

Además el nuevo modelo establece que cada poder público y organismo autónomo será responsable de atender los recursos de revisión que presenten los ciudadanos cuando no estén conformes con la respuesta de una dependencia. Esta tarea recaerá en los órganos internos de control de cada institución.

SEFIRC ASUMIRÁ RESPONSABILIDADES

Asimismo en el caso del Poder Ejecutivo estatal y los municipios, la SEFIRC asumirá la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la información y resolver los recursos administrativos correspondientes.

Cabe señalar que la reforma, según las autoridades, busca fortalecer el acceso a la información y la protección de datos desde un enfoque de eficiencia, coordinación institucional y respeto a los derechos humanos.

“Coahuila avanza hacia un modelo más claro y funcional, alineado con el Sistema Nacional de Transparencia y con el principio de progresividad de los derechos humanos”, destaca la información oficial.

De la misma manera a pesar del cambio institucional, se aseguró que el derecho al acceso a la información pública se mantendrá como un derecho fundamental, gratuito y universal, que deberá ser garantizado por instituciones responsables y con visión a futuro.

Finalmente esta modificación legislativa representa un parteaguas en la política de transparencia del estado, aunque ha generado cuestionamientos sobre la concentración de funciones en un órgano del Ejecutivo.