- Coahuila: hay 75 investigaciones por tortura en el ´limbo´.
- La Fiscalía General del Estado no ha proporcionado detalles sobre los avances.
- Todas se iniciaron a partir de denuncias presentadas por las propias víctimas, y dos investigaciones por servidores públicos.
El informe anual 2023 del Observatorio contra la Tortura revela que, durante el último año, se abrieron 75 investigaciones por tortura en el estado de Coahuila. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones ha sido judicializada, lo que significa que no se han presentado ante un juez para determinar la responsabilidad de los involucrados.
Según el informe, la tortura se define como cualquier acto en el que se cause intencionalmente dolor o sufrimiento físico o mental a una persona, con el fin de obtener información, una confesión, discriminarla, o castigarla por actos cometidos o sospechados. Además, la tortura incluye actos que, aunque no causen sufrimiento, buscan anular la personalidad de la víctima.
El Observatorio contra la Tortura es una plataforma que monitorea indicadores en las 32 entidades federativas de México, evaluando el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual entró en vigor en 2017.
En cuanto a los 75 casos registrados en Coahuila, el informe especifica que todas iniciaron a partir de denuncias presentadas por las propias víctimas, mientras que solo dos investigaciones se abrieron de oficio por servidores públicos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Coahuila no ha proporcionado detalles sobre el avance de estas investigaciones, dejando en la incertidumbre su estatus: si están en proceso, archivadas o si se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.
¿No que es el estado más seguro?
La falta de avances en la judicialización de estos casos es alarmante, ya que implica que no se están llevando a cabo los procedimientos necesarios para sancionar a los responsables y garantizar la justicia a las víctimas de tortura.
La Ley contra la Tortura tiene como propósito prevenir, investigar y sancionar estos delitos. Establece la coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales, y regula la atención y reparación para las víctimas, con el objetivo de garantizar sus derechos y asegurar una respuesta efectiva ante estos graves actos de violencia.
0 comentarios