• Coahuila aprueba nueva Ley de Transparencia y elimina al ICAI.
• El Poder Ejecutivo asumirá el control del acceso a la información y protección de datos personales.

El Congreso del Estado de Coahuila avaló la extinción del ICAI y aprobó una nueva Ley de Transparencia, que transfiere la responsabilidad de garantizar el derecho a la información al Poder Ejecutivo.

Saltillo, Coahuila.– Con el objetivo de armonizar el marco normativo estatal con la legislación nacional en materia de transparencia, el Congreso de Coahuila aprobó por mayoría de votos una reforma de gran calado que contempla la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado.

La propuesta, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, incluye también una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, mediante la cual se otorga al Poder Ejecutivo la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, funciones que serán supervisadas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

ICAI queda extinto

Asimismo uno de los cambios más relevantes es la extinción del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), que conservará su personalidad jurídica únicamente para efectos de liquidación y entrega-recepción durante los próximos 20 días.

Nuevo Consejo Estatal de Transparencia

En su lugar, se creará un Subsistema de Transparencia del Estado, encabezado por el Consejo Estatal de Transparencia, integrado por representantes de los órganos de control interno de los tres poderes del Estado, organismos autónomos y municipios. Este órgano se encargará de coordinar las acciones para proteger el derecho humano al acceso a la información.

Más facultades sancionadoras y menos autonomía

La nueva Ley contempla que la autoridad garante podrá:

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
• Resolver denuncias por incumplimientos.
• Imponer multas o amonestaciones públicas a servidores públicos responsables.

No obstante, la pérdida de autonomía del órgano garante, al quedar en manos del Ejecutivo, ha generado críticas entre sectores que advierten un retroceso en materia de rendición de cuentas.

Transparencia y protección de datos

Ambas leyes establecen que:

• No podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción acreditados.
• Se consideran datos personales aquellos que identifiquen o puedan identificar a una persona física.
• Los sujetos obligados deberán implementar medidas administrativas, físicas y técnicas para resguardar la información personal.

Finalmente entre las nuevas obligaciones destaca la elaboración de inventarios de datos personales, capacitación al personal encargado del manejo de datos y la creación de políticas internas sobre su uso y protección.